Las bondades que desde hace meses arguye el Ayuntamiento de Málaga para defender su apuesta por municipalizar la limpieza y la recogida de basura, subrayando que permitirá un ahorro de 7,7 millones anuales tiene ahora su particular contrario en un estudio elaborado por el Instut Cerdà. El documento fue utilizado por los socios privados de Limasa III en su intento por frenar el camino ya iniciado para que estos servicios sean gestionados por una sociedad pública.

El trabajo concluye que el modelo municipal por el que ahora apuesta el Consistorio "tendrá un impacto muy significativo sobre el empleo y el coste económico de los servicios". Y de manera precisa habla de la incidencia sobre los costes laborales, que, según indican sus autores, serán bastante superiores a los que actualmente presenta la sociedad mixta.

En concreto, estima que a medio plazo estos costes alcanzarán los 89 millones de euros, un 17% más que el cálculo realizado por la comisión técnica encargada de estudiar la municipalización del servicio y comprar los diferentes modelos de gestión.

De acuerdo con lo recogido en informe del Institut Cerdà, la comisión rebajó los costes laborales que traerá consigo una empresa municipal a 74,2 millones. Y ello porque se limitó a considerar los gastos a un año tras el cambio de modelo, sin extender la predicción al medio plazo. A esto suma la incidencia negativa que tiene el 11% de absentismo que sufre en la actualidad la empresa, porcentaje que, según la fundación responsable del análisis, se reduciría en un 5,4% con un sistema de gestión totalmente privado "respecto a las alternativas de gestión directa o de sociedad mercantil pública". Medida que redundaría en unos menores costes laborales.

"Serurma, con el 51% de Limasa III, usó el trabajo en sus alegaciones al proces"

El estudio incide en que la remunicipalización traerá consigo un incremento de los costes salariales. Llega a concluir que los empleados fijos de Limasa pasarán a la categoría de indefinido no fijo, lo que debe ser objeto de un proceso de una prueba (oposición o concurso público) para consolidar su puesto de trabajo. En este sentido, agrega que si la prueba se diseña y ejecuta de acuerdo con la legislación de ofertas públicas de empleo, el proceso debería abrirse a que otros candidatos opten a estas plazas, lo que puede suponer que muchos de los actuales trabajadores no la superen y pierdan el puesto de trabajo.

En la respuesta oficial emitida por el Ayuntamiento a las alegaciones formuladas por los privados en esta materia, se indicó: "no se contempla despido de personal indefinido sino subrogación, reestructurar el personal temporal a las necesidades temporales de algunos servicios”. Aunque en la misma contestación se admite: "sólo en el caso de que en un futuro, por un incremento de los costes no asumible presupuestariamente, se podría acudir a despidos por causas económicas".

En el documento son numerosas las críticas a la memoria elaborada por la comisión técnica, a la que se cuestiona que no incluyese los fondos "para sufragar las indemnizaciones de aquellos trabajadores que perdieran su empleo". El cálculo que hace el Institut Cerdà es de 12,6 millones de euros. También lamenta que la memoria tampoco considere el convenio laboral aprobado el pasado mes de mayo, que prevé un incremento salarial de entre un 5,2% y un 5,7% en el primer año de vigencia, y la actualización en base al IPC para los tres años siguientes.

Otra de las cuestiones objeto de discrepancia tiene que ver con la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento. Mientras la comisión técnica sostiene que la misma queda acreditada con el modelo público, la fundación opina de otro modo. "No se ha realizado una estimación de las necesidades de los servicios, ni de las inversiones necesarias para satisfacer esas necesidades", exponen, cuantificando el esfuerzo que tendrá que asumir el Consistorio en 60.735.532 euros. De ellos, 33,7 millones vinculados a la renovación de la flota; casi 6 millones para renovar los contenedores, y 16 millones para renovar las instalaciones del Centro Ambiental de Málaga.

Una carga que "sí comprometería la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento, dado que se superaría el límite de endeudamiento de un 75% de los ingresos corrientes”. Por el contrario, “en caso de optarse por la gestión mediante empresa privada o mixta, la sostenibilidad estaría garantizada, dado que las inversiones a realizar no computarían como endeudamiento".

Con esta base, según siempre las estimaciones del Institut Cerdà, el coste en el corto plazo del servicio de limpieza y recogida de Málaga sería de 103,5 millones con una sociedad enteramente pública, frente a los 102,6 millones de optar por un sistema privado. En caso de mantenerse la fórmula de Limasa III, este valor crecería hasta los 107,2 millones.

Los números son más favorables para las pretensiones de los privados si se amplía el foco al medio plazo. En este escenario, según el informe, la gestión a través de una sociedad pública costará 114,5 millones, frente a los 102 de hacerlo con una firma privada. O lo que es lo mismo, existiría una diferencia anual de 12,5 millones.

Este informe fue utilizado por Serurma (Servicios Urbanos de Málaga), socio privado de Limasa III, en sus alegaciones contra la municipalización, siendo desestimadas por el Consistorio. Serurma ostenta el 51% de la empresa mixta. La citada entidad está integrada por FCC (51%) y Urbana Servicios Medioambientales (49%), que a su vez está compuesta por Unicaja (10%), Sando (20%) y Urbaser (70%).