Los eternos eventuales de Limasa

La polémica de los supuestos enchufes permitidos durante años en la empresa mixta de limpieza Limasa ha hecho aflorar numerosos testimonios de aquellos trabajadores eventuales, que se han convertido en eternos y siguen sin un contrato fijo mientras han visto con desesperación como otras personas con menos años trabajados han conseguido hacerse con un puesto.

Los hay que llevan más de 16 años en una bolsa de trabajo que hasta el verano de 2013 presuntamente no funcionaba como cabría esperar en una empresa mixta, participada por el Ayuntamiento de Málaga con un 49% del accionariado. A pesar de que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, dijo desconocer su existencia, muchos de los eventuales que aún siguen esperando una oportunidad para conseguir un contrato en Limasa reconocen abiertamente el sistema por el que la empresa supuestamente repartía entre las distintas secciones sindicales un cupo a la hora de contratar a operarios eventuales.

Era el conocido como sistema de cupos o de 80-20 que consistía en que el 80% de las contrataciones temporales se hacían recurriendo a las personas que más días tenían cotizados en el listado que había entonces, mientras que el 20% de los contratos restantes se repartían para que fueran la propia empresa y los sindicatos los que propusieran los nombres de las personas a las que debían ir dirigidos.

"El que diga que no existía ese sistema miente porque eso lo sabe todo el mundo". Así de tajante se mostró uno de los operarios temporales de la empresa que, como tantos otros, critica abiertamente que "Limasa es un cachondeo y todos han metido a gente", por lo que denunció que eso ha hecho que "haya personas que en cinco años han conseguido los días suficientes para ser fijos y otros como yo llevemos 15 años sin perspectiva ninguna".

Ninguno de los trabajadores con los que ha hablado este periódico han querido que se haga público su nombre. Aseguran vivir "coaccionados" y temen represalias por mostrarse críticos con la labor de los sindicatos que, en su opinión, "deberían luchar por el trabajador y no lucrarse metiendo sólo a los suyos".

Otra trabajadora eventual, que reconoció con desesperación que la situación de enchufismo le ha impedido avanzar en la bolsa de trabajo después de tantos años, denunció que "han llegado a mandarme al paro teniendo más de mil días trabajados porque un sindicalista me dijo que todos teníamos que comer y metió a su hijo que tenía menos días".

Pero aunque hay otros eventuales que piensan que "los sindicatos tendrían que haber luchado por los derechos de los trabajadores in entrar en ese juego", aseguraron que "la culpa no es sólo de ellos porque tanto la empresa como el Ayuntamiento han metido a gente".

Este mismo operario eventual, que lleva 16 años en una bolsa de trabajo que califica como "ficticia", contó que en cinco años "me han adelantado más de 20 personas en la lista porque si no tenías enchufe no te llamaban tanto para trabajar y te ibas quedando atrás", por lo que dijo tener claro que "me moriré sin ser fijo en Limasa".

Es cierto que todos reconocen que las cosas han cambiado y que "ya no es como antes" gracias, señalaron, a que "hemos peleado mucho aunque aún así a veces nos la han intentado colar".

Fuentes sindicales reconocieron la semana pasada que "nunca en Limasa ha entrado nadie por currículum ni al azar, siempre ha sido por recomendación" e insistieron en que la empresa era la que "ofrecía a cada sindicato un cupo para que dieran los nombres de las personas que querían que llamaran para los contratos temporales mes a mes". Ante la ausencia de una bolsa de trabajo, en la lista que había antes de 2013 para los eventuales "avanzabas más o menos con días trabajados según los enchufes que tuvieses".

El llamado sistema 80-20 es reconocido por los propios sindicatos en una reunión celebrada por el comité de empresa el 12 de septiembre de 2011, a cuya acta tuvo acceso este periódico, y en la que uno de los puntos del día era precisamente el sistema de contratación. Sin embargo, y tras una denuncia del sindicato UTL, los tribunales consideraron que no había pruebas suficientes para demostrarlo.