El exalcalde de Colmenar Pedro Fernández (PSOE) ha sido absuelto de un delito contra la ordenación del territorio porque la titular del Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga estima que no es el responsable de que entre 2003 y 2006 un particular se construyera dos casas ilegales e ilegalizables en una parcela agrícola. El dueño de los dos chalés, Juan Rando, también ha sido absuelto porque la denuncia se interpuso tres años después de que acabara de construirlos y el delito ya había prescrito.

Las dos viviendas se construyeron sin licencia y ambas fueron descubiertas por el Seprona. La Guardia Civil levantó el primer atestado en octubre de 2003 apenas unos meses después de que comenzaran los trabajos. Entonces el particular solicitó un permiso para edificar una nave agrícola y el alcalde, previo informe favorable de su arquitecta municipal, se lo concedió. Esto dio lugar a que la Junta de Andalucía archivara en enero de 2004 las diligencias que le había abierto. Sin embargo, el promotor en lugar de construir la instalación agrícola que tenía autorizada lo que levantó fue un chalé de 140 metros. En marzo de 2004 la Consejería de Obras Públicas reclamó por escrito al Ayuntamiento que comprobara si, efectivamente, lo construido coincidía con lo autorizado en la licencia y que en caso contrario abriera un procedimiento sancionador. Esto fue lo que nunca se hizo.

La magistrada hace constar que ese documento de la Junta se incorporó al expediente que se encontraba en el departamento de urbanismo de Colmenar, que dirigían la arquitecta municipal Amparo Balón y el técnico Francisco Cesáreo Sánchez. También precisa que "si dicha comprobación se hubiera llevado a cabo por parte de los técnicos, éstos habrían detectado los desajustes entre lo realizado y lo permitido". Pero no fue así, a pesar de que este asunto había sido tratado en una reunión por el secretario municipal, Ángel López, el jefe de urbanismo, Francisco Cesáreo Sánchez, y la jefa de disciplina urbanística de la Junta, María José Mata. Una vez terminadas las obras de la primera vivienda, el particular comenzó, en el segundo semestre de 2005, la segunda casa también sin licencia. La nueva edificación no fue descubierta hasta enero de 2009, cuando el Seprona apreció en una ortofoto la existencia de los dos chalés. Entonces el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador al entender que ambos son ilegales e ilegalizables.

La titular del Juzgado de lo Penal número 14 afirma en la sentencia que las irregularidades que puedan existir en este asunto son de carácter administrativo, sin alcanzar el estatus de delito. Indica, por ejemplo, que las licencias de obra se daban sin informe jurídico, pero también aclara que esta no era una deficiencia excepcional en este caso, sino que era lo habitual en Colmenar.

La sentencia asume los argumentos expuestos en el juicio por el alcalde y su letrado defensor, el abogado Diego Martín Reyes, al subrayar la carencia de medios del Ayuntamiento para perseguir las edificaciones ilegales cuando sólo contaba en aquella época con un policía local, una arquitecta que a lo sumo acudía dos días a la semana y un secretario municipal a tiempo parcial compartido con varios municipios del entorno. El fallo judicial agrega que el exalcalde se limitaba a firmar aquellas licencias de obra que incluían informe técnico favorable, sin entrar a analizar el contenido del expediente, y que, en cualquier caso, no tenía relación con el promotor ni interés personal alguno.