A falta de dinero, un socio privado

A falta de fondos públicos con los que acometer la construcción de infraestructuras, colaboración público-privada. Esta es la ecuación que, como acaba de demostrar la consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, con el tramo final del Metro, se empieza a aplicar en los grandes proyectos de nueva ejecución en la provincia de Málaga, ya sean impulsados por las administraciones estatal, regional o municipal.

El principal exponente en este escenario, si bien sus orígenes se remontan a antes de la crisis, es el suburbano, objeto de una concesión por el que un grupo de empresas (con colaboración de la Junta) construye el ferrocarril urbano y lo explota por 30 años. Una solución que permite al Gobierno regional prolongar en el tiempo su financiación a través de subvenciones por viajeros. A excepción del tramo Renfe-Guadalmedina y del tajo en superficie de la Universidad, que son financiados íntegramente por la Junta (49 y 15 millones, respectivamente, según las adjudicaciones) el resto es pagado en parte por los entes privados, con un 20%, la Junta, con el 33%, y mediante préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Pero no es el único que puede visualizarse a día de hoy en el territorio provincial. Otro ejemplo más que conocido es la autopista de peaje de Las Pedrizas, cuya construcción fue adjudicada por el Ministerio de Fomento a Sacyr para que ejecutase la carretera, que entrará en servicio el 1 de noviembre, a cambio del peaje que cobrará a los usuarios. Esta experiencia ha puesto sobre la mesa uno de los condicionantes que pesa sobre esta fórmula, la dificultad de privados a la hora de disponer de los créditos necesarios. De hecho, Sacyr, cerrado el grifo de los dineros, tuvo que parar las obras durante meses hasta que la situación económica se aclaró tras los avales realizados por el Gobierno central.

Más recientemente, la asociación entre entes públicos y privados ha salido a relucir con el concurso para ampliar el puerto deportivo de La Bajadilla, en Marbella, que ha recaído en el jeque propietario del Málaga Club de Fútbol, Al Thani. La propuesta seleccionada prevé una inversión de 84 millones, con un plazo de desarrollo de 48 meses y una concesión por 40 años. El negocio, en cualquier caso, le será rápidamente rentable al empresario catarí, ya que el estudio de viabilidad económica indica que la inversión podría ser recuperada en siete años.

En Málaga capital existe otro puerto deportivo que verá la luz mediante concesión a un privado, el de San Andrés. La Autoridad Portuaria contrató al consorcio de Marinas del Mediterráneo y Gea 21 para hacer una zona náutica deportiva con 662 amarres, con una inversión de 24 millones y una gestión de 35 años. A cambio, el ente público recibirá un canon superior a los 450.000 euros por ejercicio.

El Puerto es uno de los organismos que más ha empleado este mecanismo en los últimos años. Muestra de ello es la reconversión del muelle 1 en espacio comercial y la futura construcción de edificios de oficinas en Muelle Heredia. En el primero, la inversión de los privados alcanza los 60 millones, incluyendo una aportación a la Autoridad Portuaria de unos 900.000 euros por cada uno de los 35 años de explotación. El mecanismo es semejante en el muelle 4, donde se ha sacado a concurso la construcción de cuatro edificios de uso terciario y 600 aparcamientos, con un canon de 10 millones para todo el periodo de cesión.

La Junta también tiende la mano a los privados para que les ayude a impulsar otras dos intervenciones culturales ancladas en el tiempo, como la recuperación del Convento de la Trinidad como Parque de los Cuentos, y el Auditorio, con un coste de unos 100 millones. Sobre este último equipamiento, el consejero de Cultura de la Junta, Paulino Plata, ya dejó clara su apuesta por buscar apoyo financiero en la iniciativa privada. "Estamos siendo innovadores porque la necesidad obliga y hay que hacer de la necesidad una virtud", expresó.

El intento, por el momento frustrado, de contar con el aval de las empresas es el corredor ferroviario de la Costa del Sol, que tras más de una década siendo prometido por la Administración regional, es ahora vinculado a la necesidad de contar con el apoyo privado para financiar una infraestructura tasada en unos 4.500 millones.

Una vía, la de dejar en manos de privados la financiación de los proyectos, que explora desde hace años el Ayuntamiento de Málaga, en especial en materia deportiva con los complejos de Huelin, Segalerva, ACB (en El Palo) y Bizcochero Capitán, todos afectados, eso sí, por los problemas económicos con los que se han topado las firmas responsables.

A pesar de los problemas evidentes, el PP insiste en la fórmula y en la campaña electoral, el alcalde, Francisco de la Torre, sustentó parte de sus propuestas estrella para el nuevo mandato en la participación económica de empresas, caso de la construcción del funicular a Gibralfaro; el centro de raqueta, y la rehabilitación de los antiguos cines Astoria y Victoria.