Las farmacias estiman que perderán 400 empleos por culpa de un decreto

Seis colectivos expresaron ayer su rechazo rotundo a un real decreto que apunta a controlar el gasto farmacéutico, pero que según esas organizaciones supondrá la pérdida de unos 400 puestos de trabajo en la provincia, una mayor dificultad en el acceso a los medicamentos con visado para los consumidores y una injerencia en las relaciones comerciales entre los distribuidores y las farmacias.

La norma, que está en tramitación parlamentaria, establece unas deducciones que en función del volumen de facturación de las boticas supondrán de 476 a 7.246 euros por mes de recorte en los ingresos. El Colegio de Farmacéuticos calcula que esa merma repercutirá en una pérdida de 399 puestos de trabajo.

El decreto también limita los descuentos por pronto pago o por volumen de compra que los distribuidores hacen a las farmacias a un máximo del 10%. Además de una injerencia en las relaciones comerciales entre ambas partes, para el Colegio supone una incongruencia ya que el mismo texto avanza en la creación de centrales de compras para las administraciones nacional y autonómicas. "No parece razonable que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se vayan a dotar de centrales de compras para una mejor gestión y se limiten los mecanismos para mejora de esta misma gestión a las oficinas de farmacia", protestó el presidente del Colegio, Javier Tudela.

La indignación frente al contenido del decreto ha unido a farmacéuticos, auxiliares de farmacia, empresarios y cooperativas del sector, consumidores y agentes comerciales. Estos colectivos alertaron que el decreto también dificulta el acceso al medicamento para los usuarios ya que en aquellos fármacos que requieren visado -usados sobre todo en enfermos oncológicos, trasplantados o psiquiátricos- el Ministerio de Sanidad puede restringir su dispensación a los servicios de farmacia de los hospitales. "Un trasplantado compra ahora el medicamento en la farmacia que tiene debajo de su casa. Si esta medida se aplica habrá enfermos que tendrán que desplazarse 100 kilómetros ¿Dónde está la mejora para la sociedad?", se preguntó Alfonso Monillor, presidente de la asociación de empresarios farmacéuticos Aprofarma. Los colectivos insistieron en que desde hace años se vienen reduciendo los márgenes de beneficios del sector. Los empresarios estiman que con esa progresión, en 2018 "el margen será 0".

Las empresas distribuidoras, como Cofarán, también están en contra de la norma. En la medida en que impone una reducción de precios de hasta un 30%, el decreto también recorta los ingresos de los distribuidores que son proporcionales el valor del fármaco que vende a la farmacia. El presidente de la asociación de consumidores UCE, Jesús María Burgos, resaltó por su parte que el decreto se ha aprobado sin tener en cuenta ni a los farmacéuticos ni a los usuarios. "Por lo menos se debería escuchar nuestra opinión", reclamó.

4/2010