El fiscal ve indicios sin manos negras en el caso Udyco
El Ministerio Público admite que se pincharon los teléfonos de los mandos policiales atendiendo a unos informes que tenían "morralla" pero también sospechas serias
Los informes que Asuntos Internos presentó al juez de instrucción para justificar que era necesario pinchar los teléfonos del jefe de la sección de crimen organizado de la Udyco de Málaga y del jefe de grupo de Marbella "tenían morralla" pero también indicios serios de corrupción policial. El fiscal Valentín Bueno defendió ayer en estos términos el origen de la investigación que ha sentado a dos investigadores veteranos de la Udyco en el banquillo acusados de delitos de corrupción, descartando de facto que estuviera motivada por turbias venganzas internas.
Tras la exposición que hicieron las defensas el martes aludiendo a cómo Asuntos Internos "había engañado a los sucesivos jueces de instrucción" de esta causa aportándole indicios que no eran tales y ocultándole otros datos, el Ministerio Público subrayó ayer que el origen de esta investigación fueron las declaraciones de otro policía denunciado por extorsión a clubes de alterne que los acusó de dar protección a estos locales. Y esa información, desde su punto de vista era "verosímil porque es un secreto a voces y un hecho notorio que de vez en cuando los policías de la Costa del Sol a causa de sus escasos sueldos buscan el pluriempleo trabajando en la seguridad de locales de alterne". Por tanto, en su opinión era un hilo del que merecía la pena seguir.
El fiscal subrayó que los indicios iniciales para intervenir los teléfonos del inspector jefe Alfredo Marijuán que dirigía la lucha contra el crimen organizado en Málaga residían en el uso particular que hizo de un televisor intervenido en una actuación policial que mantuvo un mes en su domicilio hasta que tuvo que entregarlo a su propietario. El segundo elemento que movía a la sospecha fue la información procedentes de bases policiales que facilitó a unos rusos, si bien después resultó que "no era información sensible y los interesados podían haberla obtenido por otros medios".
Respecto al jefe del grupo de Crimen Organizado de Marbella, Carlos Farré, el fiscal estuvo de acuerdo con las defensas al admitir que Asuntos Internos aportó al juez información que "sobraba" porque era de "interés nulo" como apuntar sin más indicios que había escatimado parte del 1,5 kilos de droga que había intervenido su grupo, implicarlo en una operación denominada Sugar o sugerir que un sospechoso le pagaba una cantidad de dinero mensual. Sin embargo, puso de relieve que no todos los indicios iniciales tenían ese calibre. En este sentido se refirió a una operación antidroga montada con la colaboración del confidente Ischia Ottone, también imputado en esta causa, que, de acuerdo con su versión, se puso en marcha sin conocimiento de la autoridad judicial ni de la Fiscalía con el objetivo de detener a unos traficantes en una transacción de droga. Los sospechosos, efectivamente, fueron arrestados y estuvieron dos meses en la cárcel, sin embargo, la droga no era tal por lo que tuvieron que ser puestos en libertad, mientras que el confidente logró darse a la fuga con los 30.000 euros que cobró por el falso estupefaciente.
El fiscal resaltó que este asunto, desvelado por uno de los policías acusados de extorsión a club de alterne en otra causa y que actuó como testigo encubierto en esta, "olía mal" y debió ser investigado en su momento, pero que, en todo caso, era más que suficiente para sospechar del jefe de grupo de crimen organizado en Marbella. También recordó que otro imputado en el procedimiento por la extorsión a locales de prostitución que también es testigo protegido en la causa contra los mandos de la Udyco, afirmó haber visto a Farré cobrar 3.000 euros a un extranjero para que recobrara el automóvil que había abandonado durante una huida. El fiscal recordó que el asunto no se investigó y que no hay pruebas porque que se le dio carpetazo después de que Farré explicara que lo había implicado porque le tenía animadversión, pero que le había devuelto el coche porque pretendía ficharlo como confidente. Sin embargo, sí cree que constituye un indicio capaz de justificar que sus telefónos fueran pinchados durante la investigación de Asuntos Internos.
Para el Ministerio Público no tiene nada extraño que un detenido trate de aportar información, ya sea para "congraciarse con el juez" o para disfrutar de futuras atenuantes en su pena. También aludió el fiscal a la petición de ayuda que le realizó Arnaud Fabrice dueño de un local de Marbella porque había sido amenazado y cómo le sugirió que presentara una denuncia coincidiendo con las guardias del magistrado Francisco Javier de Urquía, posteriormente condenado y apartado de la judicatura por cohecho.
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