El fiscal insiste en pedir 21 meses de cárcel al popular Ignacio Mena

Seis años después de que un empresario de Estepona se querellara contra los entonces concejales de Urbanismo, Ignacio Mena y Planificación Urbanística, Víctor Sánchez Pinacho, ambos del PP, por presuntas coacciones, ayer se celebró la vista oral que se despachó en poco más de 20 minutos, con tres preguntas de la Fiscalía, pocas más de las defensas, un único testigo y sin lectura del informe de la acusación pública.

A instancias del Ministerio Fiscal, los dos ex concejales y el también empresario Andrés Martín negaron haber intimidado directa o indirectamente a Rafael García Mora. Este empresario era titular de un aparcamiento en Estepona cuando el Ayuntamiento adjudicó un segundo garaje que desde su punto de vista perjudicaba sus intereses. Por este motivo presentó una denuncia contra los concejales porque "creía que la adjudicación era ilegal" y presumiblemente fue coaccionado para que la retirara por lo que presentó una querella.

Rafael García explicó ayer que en noviembre de 2002 Víctor Sánchez Pinacho, que años antes había abandonado el Grupo Independiente y Liberal (GIL) para ingresar en el PP, le sugirió que diera marcha atrás a la denuncia porque "podía tener problemas", razón por la que presentó la querella en marzo de 2003. El empresario afirmó ayer que se sintió "molesto" porque "tenía varios expedientes en el Ayuntamiento de Estepona". En este sentido relató que se le retrasó una licencia de primera ocupación, que tuvo dificultades para pedir una hipoteca sobre una concesión y que le "colocaron" una rotonda que perjudicaba su negocio.

El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Estepona archivó en dos ocasiones el procedimiento con el apoyo de la Fiscalía, pero el procedimiento fue reabierto a instancias de este empresario. Sin embargo, cuando alcanzó la fase de calificación, o sea ya en la fase inmediatamente anterior al juicio, Rafael García dio marcha atrás, retiró la acusación y pidió el sobreseimiento de la causa.

Pero las actuaciones judiciales siguieron adelante porque en esta ocasión fue la Fiscalía quien formuló acusación. De hecho ayer reclamó 21 meses de prisión para los tres acusados.