Las franquicias dentales, otra vez en la picota

El supuesto fraude de Vitaldent vuelve a poner las franquicias dentales en la picota. Cierto es que el escándalo que estalló el martes incluye presuntos delitos fiscales, pero la operación Topolino coloca otra vez la lupa sobre unas empresas miradas con cierto recelo por los odontólogos. El Consejo General de Dentistas, nada más conocerse el caso, emitió un comunicado en el que reclamó un cambio legislativo y la regulación del sector para "poner coto" a un modelo empresarial que antepone el interés económico a la salud de los pacientes.

"Nadie pone una clínica para perder dinero, pero cuando el enfoque principal es el negocio, la relación no es la misma que la tradicional entre el profesional y el paciente", apuntó el presidente del Colegio de Dentistas de Málaga, Lucas Bermudo. En reiteradas ocasiones, las organizaciones de consumidores y el Colegio han alertado sobre la mala praxis de algunas clínicas dentales franquiciadas y han reivindicado más controles a la Administración sanitaria. Según la entidad colegial, las reclamaciones por tratamientos son más habituales en franquicias que en el dentista de toda la vida.

En estas empresas, el propietario no tiene por qué ser dentista. Además, estas sociedades no están sujetas al control colegial. "Y al escapar al control del Colegio, hay un filtro menos", advierte Bermudo. De hecho, cuando el área de Consumo de la Junta remite a la entidad colegial una reclamación por un tratamiento en una clínica franquiciada, debe devolverse porque el Colegio no tiene capacidad de arbitraje, como ocurre con sus miembros. "Además, si los citamos, no acuden", explica el presidente de los dentistas malagueños.

Los odontólogos advierten del alto grado de rotación de profesionales que hay en estas empresas, lo que provoca que el paciente no tenga un seguimiento tan exhaustivo como cuando lo ve su dentista de siempre. Además, hay otro matiz no menos importante en este modelo, advierten: el modo de cobro. Generalmente, recurren a la financiación anticipada de los tratamientos. Técnicas que pueden llega a sumar hasta 15.000 euros. Cuando interviene una financiera, el problema es que los usuarios quedan vinculados a la franquicia y no pueden interrumpir el tratamiento fácilmente por más que no estén conformes con los resultados. Bermudo alerta además sobre los préstamos para hacer pagos por adelantado. "Porque puede ocurrir lo mismo que con los pisos. Si lo compro y me lo dan, bien. Pero el problema es cuando lo pago, la promotora quiebra y el piso no está hecho", advirtió.

Una portavoz de la Unión de Consumidores precisó que las quejas sobre tratamientos hechos por clínicas franquiciadas "son muchísimo más numerosas" que las de centros no franquiciados o de profesionales individuales.

Y hay otra arista sobre la que desde el Colegio de Dentistas se hace hincapié. La publicidad engañosa de algunas clínicas franquiciadas. Porque promocionan precios que no son totales. De modo que un tratamiento presupuestado en 300 euros puede acabar costando el doble y más caro que en el dentista de toda la vida. Por eso, Bermudo recomienda comparar precios y asegurarse que la tarifa es del tratamiento completo. Y concluye: "Hay que acudir a un buen profesional, del que se tengan referencias, comprarar precios, asegurarse de cuál es el precio total del tratamiento y tener en cuenta el riesgo que se corre cuando se financian por anticipado".

Recomendaciones a los usuarios de Vitaldent

Fuentes del área de Consumo de la Junta de Andalucía apuntan que detrás del escándalo de Vitaldent hay delitos fiscales y societarios, pero que las empresas franquiciadas pueden seguir funcionando. "Esto no implica el cierre", aclaran. No obstante, insisten en que los usuarios deben guardar todos los documentos, facturas, presupuestos que demuestren la relación contractual, la financiación y los pagos realizados por si eventualmente tuvieran que hacer reclamaciones. En Málaga hay seis franquicias de Vitaldent y ya se ha constituido una plataforma de afectados. La Unión de Consumidores de Málaga (UCE) apuntó que tiene reclamaciones de clínicas franquiciadas -todas administrativas, que no han pasado a la vía judicial-, pero que ninguna es de Vitaldent. Por su parte, las asociaciones de consumidores OCU y Facua han recomendado a los usuarios de la empresa investigada en la Operación Topolino que denuncien cualquier irregularidad al recibir los servicios o, si llegara el caso, por el cierre de la clínica. En esas circunstancias, aconsejan acudir a los servicios de Consumo autonómicos o a una comisaría, en el último caso. No obstante, ambas organizaciones matizan que legalmente no debe haber ningún cambio en los contratos porque las clínicas siguen funcionando.