Exfuncionarios del Ayuntamiento de Estepona han negado este martes en el juicio del caso Astapa contra la corrupción política-urbanística que hayan recibido presiones en trámites de licencias, y han asegurado que en todos los asuntos siempre se imponía el criterio técnico.

Durante la vista oral han declarado varios testigos, exfuncionarios y arquitectos, y todos han señalado que no les consta que desde el Gabinete de Alcaldía se presionara a nadie para conceder licencias administrativas, así como tampoco que se recibieran contraprestaciones por las mismas.

Uno de los funcionarios, Carlos Barrientos, ha relatado que él fue cargo de confianza en la Alcaldía y que en el equipo en el que trabajó se encargaban de informar a todas aquellas personas que tuvieran alguna duda o queja sobre cualquier asunto, pero que nunca tramitaban.

"Cuando alguien tenía un problema técnico iba a la Alcaldía; hace diecisiete años en Estepona se pensaba que la solución, la varita mágica, la tenía el alcalde pero eran los informes técnicos y jurídicos los que prevalían", ha destacado Barrientos. Así, ellos se encargaban de recibir a los ciudadanos para descargar al alcalde y luego le informaban para que estuviera al tanto de todos los asuntos.

Preguntado por uno de los abogados defensores, ha subrayado que en su puesto "nunca" recibió ninguna queja de empresarios porque se les estuviera pidiendo alguna compensación monetaria por algún tipo de licencia.

Ha relatado que desde su puesto tuvieron que llamar a todos los departamentos pero no presionar, sólo para saber cómo estaban los asuntos e informar: "no teníamos capacidad para más".

Otro funcionario, uno de los responsables del Cuerpo de Bomberos, José Manuel Borrego, también ha incidido en que no recibió presiones municipales pero que sí se le llamaba desde urbanismo para interesarse por diferentes casos, aunque ha reiterado que "siempre se imponía el criterio técnico y jurídico".

Antes de comenzar la fase testifical ha declarado la última acusada en este bloque, Ana María Crespo de Lucas, que sólo ha contestado a las preguntas de su defensa, y ha negado que diera dinero en el Ayuntamiento de Estepona a ninguna persona para gestionar alguna licencia.

Ha declarado que ella fue contratada por un particular como tramitadora para que se encargara de un cambio de titularidad de una licencia comercial y su actuación profesional solo se basó en eso, en tramitar, no podía decidir nada.

La acusada, hermana del primer teniente de alcalde en aquel momento, ha asegurado que se reunió con el también acusado, Arturo Manuel Cebrián, arquitecto municipal, porque era quien llevaba el asunto.

Pagos y contraprestaciones

En este bloque, relativo a los pagos y contraprestaciones por la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona, hay catorce acusados y la mayoría se han acogido a su derecho de no declarar.

El fiscal mantiene que en el Ayuntamiento de Estepona, antes y después de las elecciones de 2007, hubo ocasiones en que por decisión del alcalde y de su jefe de gabinete, José Flores, "se supeditó la concesión de licencias al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales o favores de tipo personal".

Anticorrupción sostiene que se presionó en particular a empresarios interesados en adelantar la entrega de promociones inmobiliarias, que para ahorrar gastos de financiación o evitar pérdidas económicas entraban en contacto con Flores con la pretensión de que se les liberara de algún trámite o requisito técnico.