Gasolina, sociedades fantasmas y un fraude millonario en el IVA: el líder, afincado en Málaga

Destapan un complejo entramado societario que contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros

Detenidos tres conductores en Marbella con armas de fuego listas para disparar y el número de serie borrado

Un momento de la actuación policial
Un momento de la actuación policial / Policía Nacional

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos, en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023.

En la operación han sido detenidas diez personas por su presunta responsabilidad en delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal -seis arrestados en la provincia de Málaga, y los otros cuatro, en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias.

La investigación ha destapado un complejo entramado societario liderado por un principal investigado, afincado en Málaga y administrador de hecho de las empresas involucradas, que contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros.

Las pesquisas se iniciaron a principios de año y tras aunar la información de carácter fiscal, financiero y policial, se detectó la comisión de un fraude en materia de IVA en el sector de hidrocarburos que superaba los 12 millones de euros en los ejercicios fiscales 2022 y 2023.

Tras este fraude millonario se situaba una compleja red societaria del sector de hidrocarburos con domicilio social en Málaga que, tras la correspondiente comercialización al por mayor de gasóleo, defraudaba grandes cantidades de dinero como consecuencia de no liquidar el IVA correspondiente.

El 'modus operandi' empleado por la organización criminal siempre se repetía en el tiempo y se beneficiaban de ciertos resquicios normativos que regulan la comercialización de los hidrocarburos.

Solicitudes de aplazamientos de pago

Durante la investigación se constató cómo los sospechosos operaban en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en utilizar sociedades de corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal -mayorista de hidrocarburos-, adquisiciones en las que no se soporta el impuesto.

Más tarde, estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras porque solicitaban un aplazamiento de pago.

Todo ello sin que se dieran los requisitos a nivel legal necesarios para tal solicitud y con la intención desde un primer momento de no ingresar la cantidad adeudada en Hacienda. Para evitar la detección del fraude, los responsables sustituían cada pocos meses a las sociedades de las que se servían para la operativa, un total de nueve empresas dedicadas al sector de hidrocarburos que giraban en torno a la estafa.

Gracias a la investigación se recogieron evidencias de que se trataba de un entramado de empresas controladas por una única persona, la cual se valía de personas interpuestas como administradores de las mismas.

Desde otra perspectiva, la apropiación de las cuotas de IVA por la organización permitía vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecían los operadores que sí cumplen la obligación de ingresar a la Hacienda Pública el impuesto repercutido a sus clientes y, con ello, se producía una competencia desleal.

Registros y efectos intervenidos

El pasado 8 de julio, bajo las directrices del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, se practicó de forma coordinada en las provincias de Málaga, Almería, Córdoba, Asturias y Vizcaya la explotación de la operación, que se saldó con 10 personas detenidas.

Además se intervino 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación pendiente de analizar.

A la organización se le atribuye la propiedad de numerosos inmuebles con un valor de mercado que supera los 10 millones de euros y respecto de los que se han tomado medidas por parte de la autoridad judicial para asegurar las futuras responsabilidades derivadas de los hechos investigados.

stats