Málaga

El gasto en alumnos de educación especial se ha reducido un 18,15%

  • Las medidas adoptadas por la Junta han logrado reducir las denuncias por acoso escolar

Un aula específica en un colegio público de la capital malagueña. Un aula específica en un colegio público de la capital malagueña.

Un aula específica en un colegio público de la capital malagueña. / M.H. (Málaga)

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El Informe del Menor de 2018 recopila también las denuncias más frecuentes en el ámbito educativo. La primera a la que se refiere el Alto Comisionado es la de “la ausencia o escasez” de profesionales técnicos de integración social (los antiguos monitores de educación especial) y de profesores de pedagogía terapéutica.

En este punto conviene recordar que un informe de la Cámara de Cuentas, dado a conocer en septiembre de 2018, revelaba que el gasto de la Junta de Andalucía por cada alumno de Educación Especial (es decir, aquéllos que presentan alguna discapacidad) se ha reducido un 18,15% desde 2012, en plena crisis económica. Así, si aquel año el gasto global en dicha atención ascendía a 4.576,74 euros, un cuatrienio después la cifra se redujo a 3.745,97 euros. Y todo ello en una época en la que el aumento presupuestario en educación fue del 15% frente a un incremento del alumnado que se acercó al 40%.

El informe de la Cámara de Cuentas, en el que ya se menciona la merma de monitores de educación especial, hace hincapié en la necesidad de que “haya mayores dotaciones presupuestarias para mantener la prestación del servicio en similares condiciones” y evitar situaciones en la que “las asociaciones de padres de alumnos con necesidades especiales destinen recursos propios para atender o complementar los recursos públicos.

No podían faltar tampoco las denuncias las relacionadas con la denegación de plaza en el colegio elegido, especialmente en los concertados. Una dificultad que hace imposible la reagrupación de hermanos en el mismo centro. En estos casos, la Defensoría informa a los padres del procedimiento a seguir para que investiguen los supuestos fraudes cometidos durante el proceso de escolarización, que puede acabar con la pérdida de plaza por parte de los alumnos cuyos padres hayan engañado con datos falsos.

El consejero Imbroda ya anunció el pasado marzo que para el proceso de escolarización de 2020 se modificará el decreto que regula la admisión del alumnado, con el fin de facilitar la libre elección de colegio dentro de la oferta pública, uno de los principios básicos de la política educativa del nuevo Gobierno andaluz, conformado por PP y Ciudadanos. Entre los cambios a introducir se encuentra la reformulación de las áreas de influencia, el aumento de los tramos de la renta familiar para lograr mayor progresividad y mantener las listas de espera para conseguir plaza en un centro educativo hasta septiembre.

El problema de la conflictividad en las aulas y el acoso escolar también lo aborda el referido informe, en el que se incide que tales casos “siguen dándose en Andalucía, si bien hemos de destacar que, al igual que acontece con las quejas, el número de consultas sobre este problema ha descendido con respecto a otros años”. En ese sentido, el Alto Comisionado destaca que “la experiencia de los últimos años nos lleva a reconocer los significativos esfuerzos realizados por la Administración educativa en la adopción de medidas para prevenir y erradicar estos comportamientos”.

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