¿Qué está pasando con la ley conocida como del ‘solo sí es sí’? ¿Cómo es posible que una nueva norma pensada para garantizar una mayor libertad sexual de las mujeres y perseguir con más dureza las agresiones sexuales esté provocando rebajas de condena? Casi nadie lo entiende. Por el momento, en Málaga no hay constancia de que se haya producido ninguna rebaja por la nueva ley.

El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, una reforma trasversal que ha supuesto la modificación parcial de hasta quince leyes. El texto elimina el término abuso para que todos los ataques a la libertad sexual pasen a catalogarse como agresiones, ahonda en la importancia del consentimiento expreso, de ahí el sobrenombre de ‘solo sí es sí’, introduce la anulación de la voluntad por sumisión química u otros factores, el agravante de parentesco y, en líneas generales, aumenta las penas a los culpables de los diferentes delitos. Sin embargo, el problema está en las penas mínimas, que son inferiores que con la anterior legislación.

En el caso de violación, se introduce una reducción importante en la pena mínima. El delito será castigado ahora con condenas de prisión de cuatro a doce años y en la redacción antigua la pena abarcaba de los seis a los doce años. Cuando existen agravantes la condena puede ser de siete a quince años cuando anteriormente se castigaban con penas de doce a quince años. El efecto retroactivo que tienen las leyes penales que favorecen al reo está provocando la revisión de las sentencias de pena mínima y la reducción de condenas.

Ni el movimiento feminista ni gran parte de la judicatura entiende bien esta grieta de la nueva ley que está provocando una fractura más que significativa. Los tribunales españoles, en virtud de su aplicación, han rebajado una decena de condenas y han excarcelado a cinco personas en este mes. Las asociaciones feministas están indignadas, mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en que la norma está “bien redactada” y que se trata de un problema de aplicación e interpretación por parte de jueces y fiscales, a los que tildó de “machistas”.

Colegio de Abogados de Málaga

“Cuando se legisla, cuando se formula una norma, hay que ser consciente del efecto de la aplicación en la sociedad, la retroactividad de la norma más favorable al reo es de primero de carrera, se sabía que se podían producir los efectos que se están produciendo y eso debía de haber sido mejor valorado”, considera Salvador González, decano del Colegio de Abogados de Málaga.

“Ha habido informes que ponían de manifiesto esto, el del Consejo General del Poder Judicial entre otros, se minusvaloró y ahora tenemos esta situación que nadie deseaba, ha habido un exceso de precipitación”, considera el decano. Subraya, además, que se está creando cierta “alarma social”. “La ley tiene muchos aspectos que son positivos, pero se tenían que haber considerado cuestiones como estas antes de su entrada en vigor”.

Carteles reivindicativos del movimiento feminista.

Especialista en Derecho Penal

Francisco Álvarez, responsable de la Sección de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Málaga, explica detalles del nuevo texto. “La ley adapta a una mayor penalidad los delitos pero el problema que tiene es que han bajado los límites mínimos y si la pena se ha impuesto en su grado mínimo, ahora el reo tiene una condena menor y los jueces se ven abocados a aplicar la reducción de pena, aunque no quieran”, apunta.

Se trata de un cambio de criterio en la política criminal y la ley ampara a que un reo se acoja al código más favorecedor para él. En el caso contrario, en caso de que suban las penas, no es posible dicha aplicación porque irían en contra de reo, como indica Álvarez. Además, destaca que el caso en sí no se revisa, solo la sentencia.

“Este problema no lo soluciona una ley que la derogue ni una modificación de esta ley actual”, considera el experto. “El reo puede acogerse a la aplicación del código con el que resulte más beneficiado, aunque su aplicación haya durado poco tiempo”, señala. A su vez, llama la atención sobre el efecto que puede provocar en la emisión de sentencias de ahora en adelante. “Puede dar lugar a que se impongan penas superiores por esta presión sobreañadida”.

“La ley es muy extensa, ha cambiado todo el apartado sexual, se le ha cambiado la denominación a los abusos, se han incluido conductas e intentado agravar tipos delictivos”, comenta Álvarez. “El hecho de que se produzca dentro de matrimonio o en una relación de parentesco da lugar a subtipo agravado, que supone más pena y se ha recogido expresamente la sumisión química, en cuanto al consentimiento, tiene que ser expreso”, indica. Sin embargo, ha fallado y, destaca, “no se ha hecho caso a los expertos”.

Plataforma Violencia Cero

Para el movimiento feminista está siendo un golpe duro. “Lo estamos viviendo mal, entendemos que las mujeres estamos en una situación de indefensión”, sostiene Carmen Martín, presidenta provincial de la Plataforma Violencia Cero. “Con la dificultad que cuesta poner una denuncia, nos preocupa mucho el mensaje que se da con la puesta en libertad de agresores sexuales”, añade.

Uno de los eslóganes contra las agresiones sexuales.

Explica Carmen Martín que cuando se presentó el anteproyecto de ley y se abrió periodo de consultas y alegaciones, “parte importante del movimiento feminista organizado hicimos aportaciones a ese anteproyecto y una de las cuestiones que planteamos era relativa a la disminución de las penas. Ya manifestamos preocupación porque podía ocurrir lo que está pasando”. Por eso, reitera, no pueden comprender cómo se han desoído sus argumentos y se ha llegado al punto que más temían.

“Se tendría que haber amarrado esto mejor en la ley, crear esa disposición transitoria de cómo se iba a empezar a aplicar a los que ya estaban cumpliendo condena y no sabemos por qué no se hizo. Me preocupa que pueda ser un tema de dejadez, que no se haya tenido en cuenta”, afirma la presidenta de la Plataforma Violencia Cero.

Para este colectivo, se está poniendo el foco en la reducción de penas, pero la ley sí tiene otros apartados en los que están de acuerdo, como el centro de atención de 24 horas. Y exigen que haya políticas educativas “para que los hombres no nos violen de manera individual o en grupo, hay que concienciar, llevar la educación afectivo-sexual a los colegios e institutos y que los niños no se inicien en el sexo con una pornografía cada vez más violenta”, destaca.

Otro de los temas importantes que apunta es la necesidad de “la formación en perspectivas de género, en perspectiva feminista, a todos los operadores jurídicos”. “Nos gustaría que el Gobierno modificase ese aspecto de la ley o a quien corresponda dieran directrices concretas para no crear esta alarma social, porque muchas mujeres se pensarán interponer una denuncia con lo que esto conlleva”, lamenta.

Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres

Meli Galarza, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, es tajante. “Me parece muy inoportuno por parte del Ministerio de Igualdad no atender ni al informe del Consejo General del Poder Judicial, ni al de la Asociación de Mujeres Juristas Themis ni otros informes del movimiento feminista en los que ya se alertaba de que esto podía pasar. Mi mayor crítica al Ministerio es no escuchar al movimiento feminista, lo mismo que está haciendo con la ley trans”, señala.

“Si haces un cambio de la terminología, de la categoría del delito, no tiene sentido que en esa nueva categorización con la que se pretende castigar de una manera contundente un delito contra el cuerpo de las mujeres la pena sea inferior, es una incongruencia”, subraya Galarza, indignada con “el mensaje” que se está dando. “Si tenemos en cuenta que todo lo que tiene que ver con legislación en materia de igualdad de mujeres y hombres es algo nuevo, y que manifiestamente hace falta una formación en perspectiva feminista a los operadores jurídicos, no es tampoco de recibo que hagas una legislación dejando a la interpretación de una judicatura que no tiene esa formación, la ministra no puede decir que la ley está bien hecha y responsabilidad de los jueces”, estima la presidenta de Adipm.

Para Galarza, las grandes perjudicadas de todo esto “son las mujeres víctimas de la violencia sexual”. “Si tu objetivo es responder a las políticas feministas y a las víctimas de delitos sexuales tendrás que atender a los informes y a lo que te están diciendo. Pero no ha habido escucha activa, no nos han recibido, y eso que se supone que estamos en el mismo barco, en la defensa del derecho de las mujeres. No sabemos si por orgullo, por vanidad o soberbia, no se ha atendido nada de esto”, añade.

Y otro aspecto importante que apunta la presidenta de Adipm. “El ordenamiento jurídico es súper importante por el mensaje que lanza, por los valores que comparte. Si las penas son menores rebajas la importancia que se le da al delito, y no nos hemos ido a las calles a gritar para esto”, concluye.