¿De qué se quejaron los malagueños en 2018?

Si las quejas que llegan a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, cada año son un termómetro que señala qué preocupa a los ciudadanos o qué servicios de las administraciones deben mejorar su funcionamiento, queda claro que los mayores desafíos están en los Servicios Sociales. Porque de las 1.011 nuevas quejas que en 2018 presentaron ciudadanos residentes en Málaga, el grupo más numeroso (97) estuvo relacionado con ellos.

Le siguen las cuestiones relacionadas con el personal del sector público (con 95 nuevos expedientes) y los problemas con menores y las administraciones tributarias, que dejan 87 y 86 quejas respectivamente. Por detrás queda consumo, con 81. Hay, además, 69 quejas referidas a vivienda y 66 a educación. El medio ambiente apenas deja 60 reclamaciones. Resulta llamativo que otras cuestiones relativas, por ejemplo, a la igualdad de género no motivaron más de cuatro quejas.

Son datos recogidos en el último informe anual, de 2018, que el Defensor del Pueblo Andaluz presentó el 28 de marzo a la presidenta del Parlamento autonómico y en el que se vuelve a advertir de que todavía quedan patentes las “secuelas” de la crisis económica que afectan numerosas familias, que sufren una pobreza que se ha “socializado”, afirma. También muestra su preocupación por la exclusión, la desigualdad y la precariedad laboral, especialmente grave para las mujeres, así como por la falta de expectativas que esta situación genera entre los jóvenes.

Esas 1.011 nuevas quejas sobre asuntos relacionados con Málaga suponen el 13,35% del total de Andalucía. El Defensor tramitó además otros expedientes que venían de años anteriores. Entre unos y otros suman 2.291 asuntos. A considerable distancia se encuentra Sevilla, con un total de 6.818. Cádiz, registra 2.129, mientras que Córdoba y Granada estuvieron por encima del millar y el resto de provincias andaluzas quedaron por debajo. En cuanto a las quejas referidas a los ayuntamientos, hubo un total de 350. Solo el de la capital generó 103 expedientes.

En cuanto a la procedencia geográfica de las consultas, aunque siguen siendo mayoritarias las consultas realizadas desde Sevilla (34,80 % del total de las consultas), han aumentado las realizadas desde otras provincias andaluzas (un 50% las consultas provenientes de Jaén, un 30% las de Málaga (1.324) y un 20% las de Cádiz, Córdoba y Granada). Han bajado, sin embargo, las consultas que llegan desde Huelva (20%).

Sobre los derechos sociales de los internos, destacan las numerosos expedientes de queja iniciados a instancias de los internos en relación a las demoras producidas en la valoración de sus discapacidades, el Defensor recoge en su informe que si bien dicha demora la padece toda la población, en el caso de la población reclusa, se ve agravada al tener que esperar a que el Equipo de Valoración se desplace a su centro penitenciario una vez acumulado determinado número de solicitudes.

Así, desde la oficina andaluza destacan varios expedientes con más de seis meses de demora para la primera cita –en estos casos desplazamiento de los Equipos de Valoración a los diferentes centros penitenciarios–, salvo uno de los casos, cuya demora supera ya los 18 meses.

En los supuestos en que esta valoración de la discapacidad del interno supere el 65% está recogido el derecho a percibir una prestación no contributiva. El Defensor del Pueblo Andaluz ya detalló en un informe anterior los problemas que se venían planteando en la gestión de estos expedientes tras un traslado de centro penitenciario de los internos, ya que provocaba una falta de continuidad en la percepción de estas prestaciones que tienen reconocidas. Y de ahí que actuara de oficio ante la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para que que se les proporcionara información al respecto.