El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha acordado continuar como procedimiento abreviado el caso contra una supuesta red de funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Málaga por presuntas irregularidades en gestiones tras encargos de gestorías y empresarios. En total hay 27 investigados en esta causa, de los que ocho son empleados públicos.

 El resto de procesados en este caso, que cuenta con más de 7.000 folios, son profesionales de gestorías, asesorías o empresarios que encargaban los trámites supuestamente irregulares, según han informado fuentes judiciales a Europa Press. Se investigan presuntos delitos de falsedad en documento público, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.

 Las fuentes han apuntado que una vez analizada la documentación intervenida, los informes realizados y las declaraciones de los investigados se considera que este grupo de funcionarios habría estado funcionando durante tres años, al parecer, dirigido por uno de ellos, y que se repartían las tareas según el departamento en el que realizaban su trabajo.

Agilizar expedientes, quitar embargos o conceder aplazamientos

 Así, según han indicado, la investigación desarrollada desde mediados de 2022 ha puesto de manifiesto que presuntamente ofrecía a gestorías y empresas llevar a cabo procedimientos supuestamente irregulares, tales como la tramitación de expedientes de contribuyentes para agilizarlos, quitar embargos o conceder aplazamientos, entre otras casuísticas.

 Asimismo, estas personas supuestamente también llevaban a cabo la expedición de certificados tributarios y digitales sin cumplir requisitos establecidos, tales como la presencialidad; y otros falsos en los que, por ejemplo, se informaba de que ese contribuyente estaba al corriente de pago y sin deudas en Hacienda cuando en realidad no lo estaba.

 El caso llegó a Málaga por una denuncia de la AEAT al detectar en Madrid un certificado de solvencia supuestamente falsificado que se había presentado para un trámite público. La Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga, coordinada por la fiscal María Teresa Verdugo, inició una investigación que luego dio lugar a la causa. Inicialmente se estimó que habrían llegado a expedir cerca de un millar de documentos.

 La operación policial se desarrolló en dos fases y llevó a la detención de los funcionarios de Hacienda y también de responsables de gestorías y asesorías, empresarios y autónomos; así como a la intervención de abundante documentación, que ha sido analizada por especialistas de la Policía Nacional y peritos de la AEAT, organismo que ha colaborado en la investigación desde que tuvo conocimiento de los hechos.