Los jueces se levantan contra el Gobierno por los recortes y reformas

Diez meses ha tardado el Gobierno en tener también a la judicatura en contra. Los jueces españoles y entre ellos los malagueños por unanimidad suscribieron ayer un manifiesto en el que se posicionan frente a los recortes en la Administración de Justicia, se oponen al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y critican lo que consideran que está siendo una gestión "caótica", hasta el punto de que "el fracaso se ha acabado asumiendo como algo normal".

La desafección de los jueces con el sistema no sólo se refiere al poder ejecutivo, sino que incluso alcanza al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner. El juez decano de Málaga, José María Páez, afirmó ayer durante su intervención pública que la judicatura no se siente "representada ni identificada" con el papel que Moliner desempeña en las negociaciones que mantiene con el Ministerio de Justicia porque no recoge todas las sensibilidades del sector cuando ejerce de interlocutor ante el Gobierno.

Los magistrados de Málaga se sumaron ayer sin excepciones a este manifiesto, convertido en el primer paso de un camino en el que no descartan ninguna otra medida de presión.

La declaración alude al "desdén" del Gobierno hacia la labor de "todos los funcionarios públicos" que están al frente de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, justicia y seguridad. Denuncia la campaña de "desprestigio" que se pone en evidencia "con los recortes de retribuciones y derechos" que sistemáticamente caen sobre empleados públicos previamente estigmatizados y demonizados "sin que se efectúen recortes en otros ámbitos".

Los magistrados opinan que la falta de medios humanos y materiales hacen que éste sea un sistema "lento e ineficaz" para quienes buscan respuestas a cuestiones como despidos, indemnizaciones o divorcios o cobros de deudas, dejando, por tanto, a la ciudadanía "abandonada a su suerte". Mientras, la judicatura, aún cuando mantenga un "ritmo de trabajo inhumano" soporta una sobrecarga de tal magnitud que compromete el Estado de Derecho. "Ahora el trabajo nos sitúa en el filo de la navaja" y "un juez no puede dictar sentencias como churros", matizó José María Páez.

Los jueces quieren que se actualice y determine la carga de trabajo que puede soportar cada órgano para, a partir de ahí, crear nuevas plazas y establecer medidas urgentes de apoyo tanto para los juzgados colapsados como para aquellos que tienen que hacerse cargo de asuntos de especial complejidad. "Existen juzgados especialmente en el ámbito civil, mercantil y social que asumen el trabajo que correspondería a dos y hasta cuatro órganos", recoge el manifiesto. Para la judicatura propuestas como no cerrar los juzgados en agosto simplemente dan cuenta del "desconocimiento", porque "los juzgados no cierran nunca".

Los magistrados están convencidos de que no existe voluntad política para modernizar la justicia en España, lamentan la ausencia de inversión y denuncian que se congelen las plazas judiciales y se paralicen las oposiciones. Pero es que además, están convencidos de que se está aprovechando la crisis económica para pescar en río revuelto. En este sentido han denunciado que se plantee ahora una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que deriva competencias propias de este poder del Estado hacia el ejecutivo. Desde su punto de vista es un intento evidente de atacar la independencia de los jueces.