El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha acordado seguir las actuaciones contra cuatro personas en el caso de los 23 niños afectados de hipertricosis (crecimiento de vello por todo el cuerpo) tras suministrarles por error minoxidil en vez de omeprazol, procedimiento que continuará por delito contra la salud pública y negligencia profesional.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el magistrado decide seguir por el trámite de procedimiento abreviado contra dos imputados, el representante legal y administrador único de la entidad Farmaquímica Sur S.L. y el director técnico, así como dos empleados "directamente relacionados con la actividad profesional negligente investigada".

Añade que el procedimiento es por su participación en un delito de contra la salud pública y negligencia profesional con resultado de lesiones y ahora las acusaciones pueden solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa tras una resolución, que no es firme y contra el que cabe interponer recurso de reforma.

"Así las cosas únicamente restaría analizar si de lo actuado existen indicios racionales que nos permitan afirmar que la entidad adquirente y distribuidora Farmaquímica sea la responsable de la repetida adulteración. Y la conclusión no puede ser otra que positiva" sobre la base de diversas premisas, según señala el auto.

La consideración de que Farmaquímica sea responsable de la adulteración la basa, entre otras cosas, en que tras la inspección de sus instalaciones por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se detectó "numerosas irregularidades" en relación a "las actividades de control de las operaciones de fraccionamiento/reenvasado".

Igualmente la fundamenta en que "durante el periodo de fraccionamiento del producto 'Omeprazol' también se efectuaron operaciones de fraccionamiento del producto 'Minoxidil', por lo que ante las apuntadas irregularidades resulta factible admitir que aquel pudo contaminarse con este en el procedimiento de fraccionamiento del lote original".

Añade que esos hechos "constituyen datos concretos, contundentes e incriminadores que permiten poder sustentar, con el carácter provisional propio de la fase en que se encuentra el procedimiento, los delitos de lesiones por imprudencia o negligencia profesional grave y contra la salud publica investigados"