La situación de saturación que viven los juzgados de la provincia de Málaga viene siendo objeto de denuncia desde hace años. Sin embargo, no suele ser tan habitual encontrar referencias explícitas del malestar que ello genera entre los titulares de los propios juzgados en las sentencias que emiten. Un ejemplo de esta situación casi desesperada queda reflejada en un reciente fallo judicial, fechado el pasado 7 de febrero, sobre la patria potestad reclamada por una madre.

El juez responsable del asunto aprovecha la sentencia para poner de manifiesto el problema. "El dictado de esta sentencia se ha dilatado enormemente puesto que este Juzgado tiene una sobrecarga de trabajo absolutamente anormal, con un módulo del 297,2 % (lo cual quiere decir que este Juzgado está realizando un trabajo equivalente al de tres juzgados), motivo por el que esta sentencia se ha demorado tanto", justifica en el escrito el titular del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Málaga, Francisco Ruiz-Jarabo Pelayo.

La referencia que hace el magistrado es explícita y concreta, poniendo de relieve el punto de congestión con el que convive la Justicia. De acuerdo con lo recogido en el texto, la demanda formulada por V. L. R. fue turnada al mencionado juzgado el 10 de marzo de 2016, casi cuatro años antes de que se haya resuelto. En la demanda se pedía que le fuese retirada la patria potestad a J. L. A. A. respecto de los hijos comunes, uno de ellos nacido en mayo de 2003 y otro en febrero de 2006.

La demanda fue admitida en abril de 2016, recibiéndose contestación por parte del Ministerio Fiscal el 25 abril de 2016. Por el contrario, el padre "no contestó, por lo que fue declarado en rebeldía por diligencia de ordenación de 24 de septiembre de 2019". En el fallo definitivo, el juzgado atiende la petición de la parte demandante, dejando la patria potestad de los dos menores en la figura de la madre.

A la espera de que el juzgado vea rebajada la carga de trabajo a la que tiene que hacer frente, algún avance se viene produciendo en los últimos tiempos. Ejemplo de ello es que la Junta de Andalucía ha impulsado la ejecución de una importante obra de reordenación interior de la Ciudad de la Justicia para dar cabida a dos nuevos juzgados (uno de primera instancia y otro de lo Penal), así como a dos plazas de magistrados de la Audiencia Provincial aprobadas por el Ministerio de Justicia en abril del año pasado.

La intervención, cuyo coste rondará los 390.000 euros, se encuentra pendiente de que se adjudique la redacción del proyecto básico y de ejecución necesarios para proceder a esta intervención. Un trámite que, como todos los demás, no quedará definitivamente resuelto hasta que pase la crisis del coronavirus.