El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha fijado para el próximo julio el juicio contra el que fuera administrador de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, por un delito de insolvencia punible, acusado de supuestamente pasar bienes a otra empresa, de la que también era dueño, para evitar embargos. En concreto, por el momento se ha fijado para el 23 de dicho mes.

Este juicio ha sido suspendido en numerosas ocasiones, una de las últimas en abril del pasado año para estudiar la alegación planteada por la defensa del acusado en la que planteaba que este procedimiento era cosa juzgada, puesto que otro juzgado de instrucción sobreseyó unos hechos similares. Pero, el magistrado desestimó dicha cuestión previa.

En esta causa, que ha tenido más de ocho años de instrucción, la acusación la ejerce el despacho Ley 57 Abogados en nombre de un matrimonio que compró una vivienda a la promotora, que nunca recibió. Solicita para Ruiz Casado cuatro años de cárcel por, presuntamente, traspasar a otra empresa, de la que también era administrador, un total de 138 fincas. Por su parte, la Fiscalía inicialmente no acusa. La acusación particular considera que el objetivo de Ruiz Casado para llevar a cabo ese traspaso era "ocultar" a los acreedores de Aifos, que entró en liquidación a finales de 2014, esos bienes y evitar acciones judiciales sobre ellos, señala el escrito de conclusiones provisionales del abogado que representa a los perjudicados.

Según esta parte, el acusado "diseñó y orquestó una aparente operación de dación en pago" de 138 fincas por valor de 17,2 millones de euros más IVA a otra sociedad de la que también era administrador. Se precisa que la mayoría de éstas estaba libre de carga, "frente al restante patrimonio de Aifos, que se encontraba hipotecado" en su mayor parte. De esta forma, se indica en dicho documento de la acusación particular que estos bienes "se ocultaron a los acreedores evitando que los mismos fueran objeto de procedimientos de apremio y persecución en los más de 400 pleitos iniciados contra Aifos antes de que se orquestara la pretendida dación en pago".

La acusación particular incide en el planteamiento de que los acreedores vieron "dificultado" el cobro de sus derechos de crédito "con la actuación del imputado" y se vieron obligados "a la espera de lo que se resuelva en el procedimiento concursal lo que posiblemente no habría sucedido si la cesión de bienes no se hubiese producido".

Por esto, esta parte considera que los hechos se corresponden con un delito de insolvencia punible, por el que pide que se condene a Ruiz Casado a cuatro años de cárcel y multa de 20 meses. Además, se solicita que estos dos compradores sean indemnizados con la cantidad de 69.000 euros, cifra por la cual figuraban como acreedores dentro del concurso de Aifos.