Después de cinco sesiones y de la declaración de unos 40 testigos, el juicio por el crimen de Arriate quedó ayer visto para sentencia. No hubo cambios y cada parte mantuvo la petición de pena que planteaba al comienzo de la vista. La Fiscalía y la acusación particular coincidieron en solicitar ocho años de internamiento más cinco de libertad vigilada para R. V. R., de 17 años, por el asesinato de María Esther Jiménez, de 13 años. La defensa, en cambio, reclama la absolución del menor porque sostiene que es inocente. "Desde mi punto de vista, ha quedado acreditado que el acusado asesinó a María Esther", sostuvo la abogada de la familia de la víctima, Bárbara Royo, al finalizar el juicio. La pena que solicitan acusación y Fiscalía es la máxima prevista por la ley para un menor. El acusado tenía 17 años recién cumplidos cuando se produjeron los hechos -en enero pasado- y no cumple los 18 hasta diciembre.

La letrada argumentó que las pruebas de ADN, de las fibras de la ropa del menor y de la víctima, así como la declaración de los testigos han acreditado la responsabilidad de R. V. R. en el crimen. La acusación también ha solicitado una indemnización para la familia de María Esther. La abogada eludió concretar la cuantía. No obstante, la petición sería de 300.000 euros para los padres más otra -que Málaga Hoy no ha podido precisar- para las hermanas de la víctima. Tras finalizar el juicio, la madre de la niña, María del Carmen Villegas, apuntó: "Esperamos que le caiga la pena máxima, aunque para nosotros siempre será una pena mínima. Y esperamos que no esté en la calle". La mujer también se mostró agotada con el proceso. "Ya estamos cansados, deseando volver a casa porque tenemos ganas de ver a las demás [hijas]". Ayer, los padres volvían a Paterna de Rivera (Cádiz) tras permanecer una semana en Málaga para asistir a la vista por el asesinato de su hija.

El abogado del menor, Andrés Gálvez, siguió defendiendo su inocencia e insistió en la nulidad de las pruebas. El letrado recordó que en la caseta en la que se halló el cadáver de la menor el pasado 20 de enero había ADN de cuatro personas, no solo de su defendido. Recalcó también que se encontraron fibras de la ropa de otras personas durante la investigación. "Nunca se ha intentado buscar a los responsables, sino encontrar en Rubén el culpable y eso es inadmisible", argumentó el abogado. Gálvez reiteró que no hubo garantías en la obtención y la cadena de custodia de las pruebas. Como ejemplo, señaló que hay fibras que supuestamente comprometen al menor con el crimen que aparecen en "tres o cuatro" prendas de abrigo que le fueron requisadas en el registro que la Guardia Civil hizo en su casa. "Es imposible que las tres o cuatro prendas de abrigo las llevara aquel día", comentó y comparó el proceso con un partido de fútbol en el que el adversario se pasa todo el tiempo pegando patadas y luego mete un gol con la mano. "Contra eso no se puede defender nadie", concluyó.

El menor ingresó el viernes pasado a un piso tutelado ya que venció el tope de nueve meses de internamiento. Hasta la sentencia continuará en ese recurso en el que está vigilado por su personal.