Una organización dedicada a la trata de seres humanos y a la prostitución, que daba apariencia de legalidad al dinero obtenido bajo el epígrafe de actividades sanitarias, será juzgada a partir de este lunes en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga.

En el banquillo de los acusados está previsto que se sienten cuatro personas por delitos de trata de seres humanos, aprovechamiento de la prostitución de terceras personas, favorecimiento de inmigración irregular, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública.

La Fiscalía malagueña considera que los acusados presuntamente constituían una organización que se dedicaba a obtener abundantes beneficios con la explotación de mujeres que venían de pequeñas poblaciones de Colombia, “con severas dificultades económicas”, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

Estas mujeres se veían obligadas a ejercer la prostitución para poder pagar a los miembros del grupo que las traían a España, dinero del pasaje así como el que les daban para que aparentaran que eran turistas españolas ante las autoridades portuarias españolas.

El fiscal mantiene en su escrito que las jóvenes colombianas eran inducidas por los miembros del clan a ofrecer droga a los clientes e incluso a consumir, si bien no existe constancia de haberlas obligado.

Presuntamente imponían unas obligaciones desmedidas a las víctimas como estar disponibles en cualquier momento y además de tener varios inmuebles donde poder hacer los encuentros también se ofrecían para hacerlos en las propias residencias de los clientes y en hoteles.

Uno de los acusados era el jefe de la organización y tomaba las decisiones ante cualquier duda, también estaba su compañera sentimental, su hermano y una prima.

Los beneficios obtenidos por los responsables de la organizacbeneficios ión “son materialmente incontables en su totalidad”, según el fiscal, ya que los encuentros se pagaban en la mayoría de los casos en efectivo aunque de las investigaciones también se desprenden pagos con tarjeta por un total de 76.497 euros.

Algunos de los acusados para dar apariencia de legalidad al dinero obtenido con la distribución de drogas y la prostitución de mujeres se dieron de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos bajo el epígrafe “otras actividades sanitarias”, cuando ninguno de ellos tiene capacidad funcional para el desarrollo de tales trabajos.

Según las investigaciones hicieron compras y operaciones como si de la actividad sanitaria derivaran, cuando lo que querían era “camuflar” los beneficios obtenidos.