Todavía no han alcanzado ningún acuerdo con el Ministerio de Justicia que implique mejoras salariales y laborales, a pesar de que los funcionarios de esta administración llevan más de dos meses y medio peleando para conseguirlas. Con la llegada de la época estival, el comité sindical ha decidido detener la huelga indefinida que comenzaron hace 45 días, y que ya ha suspendido más de 5.000 juicios en la provincia de Málaga, hasta que se forme el nuevo Gobierno central tras las elecciones del 23 de julio.

"Se aplaza la huelga para septiembre, para que le montemos el pollo al PP" rezan algunos de los carteles que han repartido estos trabajadores por la Ciudad de la Justicia de Málaga después de que los cuatro sindicatos responsables de la protesta -CSIF, CCOO, UGT y STAJ- decidieran interrumpir el paro indefinido. 

Los motivos, según explica a este periódico Ana Belén Andrés, delegada en Málaga del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), "coger fuerzas, energías y recuperarnos económicamente porque está siendo una de las huelgas más largas que está habiendo en la administración de Justicia". Además, apunta que su intención es negociar cuando "haya un interlocutor legítimo". 

Sin embargo, Andrés insiste es que "no se ha desconvocado la huelga, sino se que se ha modificado su formato indefinido temporalmente". De hecho, explica que el calendario de movilizaciones y protestas continúa durante el verano. En Málaga, los funcionarios de Justicia tienen previstas concentraciones en el Centro los días 13 y 20 de julio. "Todas las acciones reivindicativas que podamos seguir llevando a cabo durante el verano las vamos a hacer, pero ya no nos van a suponer ese gasto tan grande dinero que venimos acarreando", manifiesta. 

Durante este tiempo, los funcionarios judiciales han mantenido tres reuniones con el departamento que lidera la ministra Pilar Llop. En ninguna de ellas se han acercado posturas. "Nuestro sentimiento es que no ha habido por parte del Ministerio ni un mínimo interés de negociar con nosotros absolutamente nada", lamenta Ana Belén Andrés.

Con más de 5.000 pleitos suspendidos y en torno a las 20.000 demandas paralizados solo en la provincia de Málaga, la delegada de STAJ asegura que harán todo lo que esté en su mano para que "el Gobierno se dé cuenta de que estamos en serio y que nuestras reclamaciones son justas". Con estas premisas, garantiza que "el conflicto continúa".

¿Quiénes son, qué hacen y qué reclaman?

Estos funcionarios pertenecen a los subgrupos A1 (médicos forenses y facultativos), A2 (Gestión Procesal y Administrativa y técnicos especialistas de laboratorio), C1 (Tramitación Procesal y Administrativa y ayudantes de laboratorio) y C2 (Auxilio Judicial).

Según Ana Belén Andrén llevan a cabo "el 90% tareas que se hacen en los juzgados". "Menos los autos y los decretos, llevamos todas las resoluciones de trámite, las diligencias de ordenación, muchas providencias, los emplazamientos, los requerimientos, las notificaciones, las comparecencias, las averiguaciones patrimoniales y los embargos. Luego las firman los magistrados y los letrados, por supuesto", detalla.

Sus reclamaciones se centran fundamentalmente en una mejora retributiva global de 200 millones de euros -hasta unos 430 euros mensuales por funcionario-, teniendo en cuenta la oferta de 46,7 millones que presentó el Ministerio  para incrementar las retribuciones de jueces y fiscales, lo que se traduce en unos 450 euros al me, y en la petición para negociación el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa que tramitaba el Ejecutivo central y que ha quedado en el aire con la disolución de las Cortes como consecuencia de la convocatoria de comicios para el 23-J.