Juicios suspendidos y salas desiertas: la jueza decana de Málaga defiende la huelga por estar "en riesgo la independencia judicial"

Juicios suspendidos y salas de vistas desiertas. Jueces y fiscales cuelgan las togas los tres primeros días de esta semana en señal de protesta por dos reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. La jueza decana de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza, defiende el paro, necesario, asegura, al ponerse "en riesgo la independencia judicial". "Pretendemos que se retire tanto el proyecto de reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal como el anteproyecto para modificar el estatuto orgánico del Ministerio fiscal, porque abre la puerta a injerencias políticas", apostilla en declaraciones a este periódico.

A su juicio, "si el poder político no tiene límites y no se consigue que el poder judicial frene los supuestos en que se exceda en el ejercicio", los ciudadanos podrían "soportar lo que el poder político decida", sea "justo o injusto". "Luchamos por que el poder judicial mantenga una fortaleza suficiente para ser garantía de la democracia y de los derechos del ciudadano", advierte.

"Si el poder político no tiene límites y no se consigue que el poder judicial frene los supuestos en que se exceda en el ejercicio, los ciudadanos podrían soportar lo que el poder político decida sea justo o injusto"

En Málaga, por el momento, a falta de datos oficiales, que no han sido facilitados por el Ministerio de Justicia, se está registrando, en palabras de la máxima responsable de los jueces, un "seguimiento bastante importante". La huelga, que deja salas de vistas desiertas, está respaldada por cinco asociaciones de magistrados y, en el conjunto nacional, la secunda en torno a un 75% de los 5.500 jueces que ejercen en España, si bien no han podido participar aquellos que están de baja, de permiso o han comenzado sus vacaciones.

"Este juez está de huelga porque quiere una justicia profesional, independiente e imparcial al servicio de la ciudadanía". Es el texto que se lee en carteles que cuelgan en varias salas de la Ciudad de la Justicia y en la puerta de algunos juzgados de la capital malagueña.

Es la sexta huelga de jueces de la historia de la democracia, a la que también se suman, en esta ocasión, los fiscales. El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, cuestiona las "prisas del Gobierno" para ejecutar una reforma "de calado", que a su juicio afecta a la "independencia". Y lanza otro mensaje que preocupa al colectivo: la posibilidad de que un centro de estudios jurídicos se convierta en uno con fondos públicos para la preparación de oposiciones. Ello supondría, remacha, "riesgo de politización desde el inicio de la carrera".

La huelga llega después de la concentración convocada por las mismas asociaciones este pasado sábado frente a la sede del Tribunal Supremo, donde se congregaron miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos impulsados por el Gobierno y que, en su opinión, amenazan la independencia judicial. Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió este lunes, según la Agencia Efe, que "ni una sola línea" de la reforma judicial afecta a la independencia de jueces y fiscales y tacha de "infundadas" las críticas de los colectivos contra estas leyes.

Llamamiento ante el atasco judicial

La representante de los jueces malagueños, también titular del Juzgado de lo Penal número 7, fue nombrada hace siete meses. Como su predecesor, José María Páez, desde entonces viene denunciando el atasco judicial en Málaga. Aboga por una justicia ágil y eficiente y que responda a las necesidades de la sociedad. Pero no hay "medios suficientes".

En su última memoria, relativa al ejercicio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denunciaba que los partidos judiciales de la Costa del Sol presentan "carencias en prácticamente todas las sedes", algunas de las cuales "necesitarían con urgencia nuevas infraestructuras para desarrollar la labor judicial en condiciones dignas". Sin embargo, no es lo único de lo que adolece la Justicia en la provincia: también se señala que hacen falta 82 nuevas plazas de jueces para reducir la cantidad de asuntos pendientes.

De esta manera, el TSJA hacía especial énfasis en los "problemas de espacio" que en el caso de la capital "obligan a materializar un segundo edificio judicial y realizar actuaciones en torno a la Ciudad de la Justicia", certificando así la necesidad de ampliar estas instalaciones, lo que es una reivindicación histórica. Para subsanar esta situación, se apunta a usar tanto la parcela del propio recinto como el otro suelo que actualmente se usa como aparcamiento. Aunque los problemas de espacio de los juzgados no se remiten a los de este complejo ubicado en el distrito de Teatinos de la capital.

El propio presidente del alto tribunal, Lorenzo del Río, lamentó durante la presentación del informe la situación de la Costa del Sol en este sentido. "Me preocupa enormemente", aseguró para a continuación profundizar en que en algunas de estas ciudades "no hay proyectos, por así decirlo, de qué se puede hacer", lo que es aún peor que lo que ocurre en otros lugares, en los que sí los hay, "pero van muy lentos".

Los partidos judiciales de la Costa del Sol, refleja el documento, "continúan con dispersión y llamativas carencias prácticamente en todas las sedes judiciales". De todos ellos, los que precisan una actuación más rápida son "Estepona, Fuengirola, Marbella y Torremolinos", no obstante, "transcurren los años sin que se ponga fin a esta situación". Tanto es así que "por el momento sólo consta el proyecto de ejecución de obras de rehabilitación, mejora de accesibilidad y de eficiencia energética, en una de las sedes de Fuengirola, en concreto, de la situada en la calle Párroco Juan Jiménez Higuero".