La Junta mantiene paralizado el concurso para renovar la concesión de sus líneas de autobús
Los empresarios de transporte aseguran que esto les deja sumidos en la "inseguridad jurídica" y que hace peligrar las compañías pequeñas y medianas
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La licitación de las concesiones de las cerca de mil rutas de autobús que dependen de la Junta de Andalucía está completamente parada hace meses. La Consejería de Fomento anuló el proceso por el que tramitaba su adjudiación el pasado mes de marzo, tras haberlo iniciado en agosto. Aunque ya en febrero emitió los primeros informes para pausarla. De 122 líneas en Andalucía, 119 estaban caducadas cuando se inició el proceso, la mayoría desde hace más de una décadas. La joya de esa corona, la que cubre Málaga con Algeciras, pasando por Marbella. Valorada en casi 146 millones por los cinco años de la concesión.
La Junta de Andalucía se ha visto forzada a dar de baja los tres procesos en los que dividía la licitación de las líneas (uno para los contratos de menos de 200.000 euros, otro para los que están entre 200.000 y un millón de euros y un tercero para los que superan esta cifra). En total, son 67 lotes, que comprenden un total de 988 rutas por todo el territorio andaluz.
Desde la Junta de Andalucía aseguran que "el procedimiento sigue en marcha", aunque pese a las preguntas de este periódico no han aportado una horquilla temporal para volver a activar la licitación. Apuntan fuentes de Fomento que "la mesa de contratación acordó realizar subsanaciones por cuestiones técnicas" que no precisan. En estos momentos se encuentran "en ese poceso de subsanación".
Antonio Vázquez, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte y Agencias de Málaga (Apetam), señala que esta paralización vuelve a dejarlos en una "inseguridad jurídica" enorme y que perjudica especialmente "a las pequeñas y medianas empresas que estamos pendientes de esos contratos". Vázquez explica que mientras las pequeñas empresas, las más locales, sólo optan a los pequeños y medianos contratos, los grandes están casi cercados a las grandes operadoras, por una cuestión simple de capacidad de inversión. Pero que son los pequeños, los que tienen menos pulmón, los que deben conocer qué rutas van a poder cubrir para invertir o no en vehículos para ello. "Si yo invierto en autobuses y no me llevo la concesión, me estoy arriesgando en una compra millonaria, y después esos autobuses no los puedo usar en el transporte privado", se queja.
"Mientras, los grandes pueden hacer esa inversión porque saben que van a usarlos en una u otra ruta. Y si quieren nos barren a los pequeños", dice. Pero es que, además, los autobuses tardan unos "siete u ocho meses como mínimo desde que los pedimos hasta que nos llegan", por lo que necesitan tiempo para prever la compra.
Rocío Díaz, consejera de Fomento, aseguraba el pasado mes de agosto, con el anuncio de la licitación de las línas, que con la operación se había recuperado "la normalidad en el transporte público, afrontamos una renovación más que necesaria, que aportará seguridad jurídica a operadores y usuarios y que, en la práctica, supondrá una mejora significativa del servicio". De momento
Rocío Díaz desgranó que esta seguridad jurídica supone "una garantía para los nuevos operadores, que podrán realizar inversiones, proponer mejoras y renovar la flota con un horizonte temporal claro". En ese sentido, se pueden plantear nuevos refuerzos y una serie de condiciones dirigidas a mejorar las condiciones de los vehículos, como que su antigüedad máxima no supere los 10 años, que tengan dispositivos-canceladoras con características adecuadas para incorporarse al sistema de integración tarifaria o que dispongan de servicios de wifi y cargadores USB.
Díaz precisó, además, que los nuevos contratos servirán para "normalizar ya unos servicios de transporte público que se encontraban en un limbo jurídico". De momento, seguirán, al menos un año más, en ese limbo.
Mientras el Gobierno andaluz trabaja en el diseño de un nuevo mapa concesional que de respuesta a las nuevas necesidades de movilidad en la comunidad. Para el mismo se formalizaron contratos en agosto con las consultoras, que contaban con 30 meses (dos años y medio) para redactarlos. Por lo que no estarán antes de febrero de 2027. Una vez se tengan, habrá que estudiar cuál es la demanda y qué líneas se refuerzan y licitar los nuevos contratos. Aunque no parece que el horizonte temporal sea más cercano de 2030 para ello. Fomento explica que la paralización de la licitación de las concesiones no afecta a este proceso. En estos momentos, se encuentra en fase de recopilación de información, añaden.
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