La Junta recurre al Supremo e insiste en la depuradora en la Vega de Mestanza

La Junta de Andalucía no ceja en su empeño de sacar adelante el proyecto de la depuradora Málaga Norte en la Vega de Mestanza. El gabinete jurídico de la administración andaluza ha presentado este miércoles un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en respuesta a la decisión tomada por el TSJA, que llevó a paralizar las obras a finales del pasado mes de junio. Este nuevo movimiento, confirmado por fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a consultas de este periódico, se produce solo unos días después de que los operarios encargados de los trabajos retirasen materiales llevados hasta la Vega para construir la EDAR.

No levantar la depuradora cuesta a las arcas públicas regionales una multa anual de casi 1,3 millones (634.000 cada seis meses) por incumplir la normativa de depuración de aguas europea en esta zona. Algo que habrá que seguir teniendo en cuenta dado que el proyecto se encuentra de momento paralizado después de la estimación del recurso de la Asociación de Vecinos de Mestanza y Lomas de Cantarranas por el alto tribunal andaluz.

Este recurso interpuesto por esta asociación vecinal, fechado el pasado 15 de noviembre de 2022, aludía al incumplimiento de varias normativas, tales como la "falta de competencia de la Junta y su Dirección General para aprobar el proyecto"; la ubicación "donde se ha proyectado la EDAR, como zona inundable", que califican de "arbitraria, inmotivada e injustificada"; y también "graves carencias en el estudio de impacto ambiental". En la sentencia, que da la razón a los vecinos, se expone que las distintas ubicaciones puestas sobre la mesa para instalar esta depuradora "no solo no han sido objeto de un estudio medioambiental, sino que se ha limitado a desecharlas por razones ajenas a dicha materia, y en concreto por razones económicas relativas al coste de las obras a realizar de llevarse a cabo en cualquiera de ellas".

De esta manera, el TSJA reprocha a la Junta que el estudio de impacto ambiental realizado "debió de completarse con un estudio de las alternativas posibles para instalación de la depuradora", así como que este "debió de extremarse teniendo en cuenta que la Vega de Mestanza ha sido nombrada oficialmente como parte del Corredor Biológico Mundial, pasando a ser un punto estratégico del mismo, al ser elegido como Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial por su alto valor ecológico". Además, afirma que el análisis "debió de de extenderse a las otras alternativas con la misma intensidad" y argumenta que "se pone de relieve que han sido motivos exclusivamente económicos los que han decidido la elección".

En otro orden de cosas, los vecinos también alegaban la falta de competencia de la Junta para la aprobación del anteproyecto, sin embargo, el alto tribunal no ha estimado que esto sea así, asegurando que "se trata de un supuesto de competencias compartidas en el que la normativa básica corresponde al Estado, sin que se haya acreditado que la normativa de desarrollo de la Comunidad Autónoma haya vulnerado dicha normativa básica".

Por su parte, la administración andaluza afirmaba a la publicación de la sentencia que el respeto de la misma no mitiga la preocupación de la Consejería de Agricultura ante las consecuencias medioambientales que implica esta decisión. Sin estación depuradora, aseguraban, "se van a seguir vertiendo sin tratar al río Guadalhorce las aguas residuales" de los municipios de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos, así como parte de Málaga capital, con una población cercana a los 250.000 habitantes. Y es que esta decisión, según la Junta, también "tiene consecuencias para la salud pública de quienes viven en el entorno del río y un perjuicio económico" para la propia administración, que va a seguir pagando sanciones por la no depuración de estas aguas residuales.

La construcción de la depuradora Málaga Norte y su situación vienen generando polémica desde hace años por las protestas de los vecinos de la Vega de Mestanza, ubicación elegida por la Junta y los ayuntamientos afectados, y su petición de buscarle otro emplazamiento. La ubicación definitiva no se ha movido desde 2003.

De un tiempo a esta parte, los vecinos han recrudecido su oposición en los tribunales, donde, según informó Marcelino Abraira, el abogado que los representa, se ha optado por presentar varias denuncias contra el proyecto ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Defensora del Pueblo Europeo. A las denuncias ante instancias europeas se suman media docena de pleitos ya en curso por lo contencioso-administrativo (uno de ellos el que motiva esta paralización de las obras) y tres querellas penales, detalló el letrado.

A mediados de junio, la Unión Temporal de Empresa (UTE) que ejecuta las obras denunció "amenazas" a los operarios y decidió paralizar los trabajos y poner los presuntos hechos en manos de la Policía Nacional, que mantiene una investigación abierta. Estas empresas también denunciaron el resto de altercados que se vienen produciendo desde que se iniciaron los trabajos previos.

Entre ellos figuran la quema de maquinaria, la rotura de la pasarela sobre el río o la colocación de barreras naturales para impedir los accesos, entre otras. Tras el transcurso de estos actos la plataforma que abandera el movimiento contra la depuradora ha emitido varios comunicados en los que ha condenado la violencia y se ha desvinculado, especialmente, de la quema de maquinaria y las presuntas amenazas.