La Junta tiene siete inspectores para pisos turísticos en Málaga, uno cada 11.325 registrados
Para poder comprobar todas, deberían pasar expediente a 43,5 viviendas cada día laborable
La Junta ha recibido 200 denuncias de pisos turísticos ilegales por vecinos en Málaga desde mayo

Hay proporciones tan desorbitadas que, por sí mismas pueden entenderse inabarcables. Una de ellas debe ser la que relaciona el número de inspectores con el que la Junta de Andalucía cuenta en Málaga para encargase de las viviendas turísticas con el número de ellas que hay en la provincia. Así, para siete funcionarios autonómicos hay registradas 79.277 para uso vacacional y que, por tanto, pueden ejercer como tal.
De la consulta efectuada este 7 de febrero, se extrae que cada uno de los inspectores, en caso de estar repartidas a partes completamente iguales, tocarían a 11.325 viviendas por cada uno de ellos. Si quisieran comprobar todos y cada uno de los registros en un año, deberían inspeccionar 31 cada día, sin un día de descanso. En caso de que sólo trabajen los días laborables (260 al año), la ratio para cumplir con todos los que están registrados es de 43 pisos y medio al día.
Todo esto, claro, sin contar los ilegales. Que son difíciles de cuantificar, pero sí se puede certificar que los vecinos de la provincia han denunciado a la Junta la presencia de 200 de ellos en los bloques y casas de Málaga. Todos ellos, según indican, se han remitido a Inspección.
A esto se suma que son inspectores turísticos y también se deben ocupar de hoteles, apartamentos turísticos o casas rurales. Sólo en 2022 había en la provincia 530 hoteles, 369 hostales, 849 apartamentos turísticos y 5.460 alojamientos rurales.
Poco se pueden parecer, a tenor de la carga de trabajo, estos inspectores, al protagonista de Bartleby el escribiente. En este libro de Melville, cada vez que su jefe demanda al protagonista hacer alguna asignación laboral este responde, simplemente, "preferiría no hacerlo" y continúa en su ardua tarea de no hacer nada. Así un día tras otro.
Cabe decir que no todos los pisos turísticos que están registrados en la Junta de Andalucía tienen que estar funcionando. Tanto es así que el INE las cifra en torno a las 40.000 en un estudio que hace mediante el scraping de distintas plataformas como Airbnb o Booking, en las que se anuncian sus servicios.
En la ciudad de Málaga, el núcleo en el que están más presentes, superan los 12.529 registros de casas que se puedan dedicar por completo al alquiler turístico. El último estudio encargado por el Ayuntamiento de Málaga, el mismo que sirvió para ponerles coto en 43 barrios de la ciudad que exceden el 8% de este uso sobre el total de vivienda y, por lo tanto, están saturados, señala que, si este porcentaje se hubiese puesto desde el minuto que apareció la primera, deberían eliminarse 3.461.
En este sentido, el barrio que sale peor parado entre los saturados es el Centro Histórico. En la almendra que delimita el barrio hay, según el estudio, 4.600 casas en total por lo que el máximo que podría acoger son 368 para acoger a visitantes de corta estancia. En su lugar hay 1.693 o, lo que es lo mismo, 1.325 más de las que sería sostenible.
El Ayuntamiento, eso sí, ha pedido a la Junta de Andalucía que dé de baja más de 1.500 pisos registrados a la Junta de Andalucía, al haberse inscrito después de febrero del año pasado y no contar con entrada y servicios independientes, uno de los requisitos municipales actuales.
En el estudio también se concluye que el aumento de viviendas turísticas retira la oferta del parque de alquiler a largo plazo y de vivienda vacía, y certifica que su rentabilidad es muy superior al largo plazo –hasta 44.900 euros genera de media en la zona de El Puerto, cinco veces que si estuvieran dedicada al residencial–.
La Junta y el Ayuntamiento suscribieron el pasado mes de noviembre un convenio de colaboración por el que crearán una herramienta con la que compartir información sobre las viviendas de uso turísticos (VUT). También pretenden garantizar que en los barrios en los que sí se permiten cumplan con el requisito de entrada y servicios independientes.
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