En torno a 10.000. Ese es el número de demandas que los juzgados de cláusulas suelo de Málaga tienen previsto acumular este año tras una nueva avalancha que podría registrarse a partir de septiembre, cuando los tribunales especializados, que comenzaron a funcionar en junio de 2017, recuperen la normalidad después del paro de agosto. Así lo indicó el juez decano, José María Páez, que insiste en el colapso que este tipo de procedimientos está generando dada la falta de magistrados, y cifra en diez el número de jueces que la provincia necesitaría para afrontar la situación.

Ya en mayo de 2017, los jueces de primera instancia vaticinaban un colapso de magnitud colosal que frustraría las expectativas ciudadanas. No en vano, en un extraordinario gesto de crítica y rebeldía se levantaron contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de designar a un único juez para que se hiciera cargo a partir del 1 de junio del pasado ejercicio de todas las demandas por cláusulas suelo y gastos de hipoteca. Desde entonces, los tribunales han dictado 620 sentencias, la mayoría de las cuales han sido favorables para los clientes, salvo casos puntuales por defectos de forma. Los jueces subrayaron su temor a "defraudar las expectativas de los ciudadanos" que decidan reclamar judicialmente cantidades pagadas a los bancos que consideran abusivas. Consideraban "imposible" proporcionarles una respuesta adecuada con el plan acordado por el Consejo General.

El representante de los juzgados de la capital señaló que al hecho de que la demanda solo se puede interponer en un juzgado, lo que ralentiza el proceso, se suma el tiempo de ejecución de la sentencia. "Solo leer la demanda lleva mucho tiempo", recalcó Páez. En marzo se conoció que sólo se habían dictado 91 sentencias de casi 6.000 demandas el año pasado. El juez decano reconocía entonces que había una "preocupación extrema" por la avalancha de casos y porque todo apuntaba a que pudiera haber un efecto llamada, ya que en esas 91 sentencias se daba la razón al cliente.

Antes de pasar a los juzgados de Primera Instancia -encargado de manera exclusiva de los procedimientos relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios y gastos de formalización de hipoteca- los asuntos de las cláusulas suelo se resolvían en los Mercantiles y en este caso hay juicios fechados hasta 2021, con el orden de 3.000 procedimientos pendientes, por lo que también pasarán años hasta que estas demandas queden resueltas.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial detallaron que con la puesta en marcha de estos tribunales especializados en Málaga se pusieron 631 demandas por esta causa, a las que se sumaron otras 1.959 entre julio y septiembre y 3.258 entre octubre y diciembre. En siete meses, el nuevo juzgado especializado se presentaron 5.849 demandas por cláusulas suelo contra las entidades financieras. Tanto en junio como en el tercer trimestre no hubo ninguna sentencia porque ni siquiera se celebraron juicios y en el cuarto trimestre se registraron 91 sentencias.

El colapso que arrastra el juzgado específico provocó en octubre del ejercicio pasado que incluso un abogado de Málaga eleve una queja al Defensor del Pueblo Andaluz. El letrado Carlos Comitre llegó a presentar ante el órgano de protección de derechos y libertades del ciudadano un escrito en el que le informaba del "anormal funcionamiento de la Justicia en reclamaciones".

También el Colegio de Abogados de Málaga envió un oficio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que reclamaba la eliminación del plan de urgencia diseñado para afrontar las demandas relativas a cláusulas suelo "ante la manifiesta incapacidad demostrada hasta la fecha".