Controlan los inmuebles disponibles, fuerzan sus puertas, cambian la cerradura y hasta venden la llave. O bien, los colocan en el mercado de alquiler como si fuera de su propiedad. Las mafias, según atestiguan empresarios, expertos en la materia y varios perjudicados consultados, son ya el denominador común en muchas de las okupaciones de viviendas.

La clave de su negocio, además del arrendamiento a terceros, estriba en exigirle al legítimo propietario un desembolso económico a cambio de devolverle su casa. Algunos, ante la desesperación de un laborioso trámite que no siempre resulta fructífero, acaban sucumbiendo a las ofertas de estos grupos organizados. “Los dueños terminan negociando y pagan una cantidad desorbitada por recuperar su vivienda. Pueden pedirles entre 5.000 y 20.000 o 30.000 euros, según el tipo de casa”, explica Rafael, director de Antiokupas Group, una de las empresas especializadas en desalojos exprés que, en este caldo de cultivo, están proliferando en toda la geografía española.

Su trabajo arranca con una investigación previa del caso que lleva consigo la revisión de los documentos del propietario del inmueble usurpado y también de las escrituras. “Todo pasa por manos de nuestro departamento jurídico y, si es correcto, iniciamos la mediación con el okupa”, detalla el responsable. Así, tratan de averiguar cuántas personas conviven en la casa y si entre ellas hay algún menor. Porque de ser así renuncian al desalojo.

Su equipo, que forman Rafael, Jairo y Joannes, intenta llegar a un acuerdo con el inquilino, “para hacerle entrar en razón de que la casa no es suya”. La negociación puede ser también económica. “Ofrecemos dinero para que –el inquilino– no se quede en la calle y busque un alquiler. Hacemos una labor social porque intentamos ayudar a ambas partes”, sostiene.

Pero la situación se complica si el okupa se niega a renunciar a la propiedad de la que se ha apoderado. “Lo primero que nos dicen es que esa es su casa y que tienen un contrato. La mayoría son bandas organizadas que se apropian de plantas enteras y las alquilan como si fueran un hotel. Con sus infraestructuras controlan todas las viviendas. No necesitan un piso para vivir, sino que hacen negocio con el de los demás. Tienen buenos sueldos”, indica el empresario, que asegura que, a veces, estos inmuebles se utilizan también como narcopisos para albergar negocios ilegales de drogas. 

Ante la negativa de los inquilinos a salir del inmueble, la empresa actúa y despliega “un control de acceso con dos vigilantes de seguridad en la propiedad”, de manera que una vez que el usurpador sale “no vuelve a entrar y, cuando lo hace, viene la Policía”.

Los trabajadores, en palabras del director, han soportado intentos de lesiones y amenazas con armas, lo que les ha llevado a “reducir” al autor. A renglón seguido, sale al paso de las críticas que reciben por parte de entidad que los acusan de coacciones. “No extorsionamos ni amenazamos. Intentamos llegar a un acuerdo amistoso y, la mayoría de las veces, lo conseguimos”, asevera. Los vigilantes, además de guantes anticortes, llevan colocadas en el pecho una cámara GoPro para inmortalizar la intervención, que a su vez graba otro de los empleados por si tuvieran que utilizar las imágenes como prueba en los tribunales. “Es la única manera de protegernos”, remacha.

La empresa atiende unas 30 llamadas diarias y resuelve con éxito, afirman, entre cuatro y cinco casos a la semana. Además de particulares, también promotoras, constructoras e inmobiliarias se interesan en este servicio, que algunos fijan en los 4.000 euros. Alonso Manuel Calderón es arquitecto y uno de los empresarios perjudicados. Llegó a ofrecerle 6.000 euros a una okupa para que se marchara de una casa que le había ofrecido una entidad bancaria. La mujer se negó. Exigía que se hiciera cargo de los costes de un alquiler durante un año.

Una sentencia llegó a darle la razón a este promotor, lo que obligaba a la inquilina a abandonar el inmueble. Pero la estimación del recurso de apelación que presentó ralentizó el procedimiento. El caso está ahora en manos de la Audiencia Provincial, que en palabras del afectado, acumula “retrasos de entre año y medio y dos”.