Málaga concentra casi la totalidad de los expedientes por acoso escolar tramitados en Andalucía

La provincia de Málaga se convirtió en 2024 en el epicentro de los casos de acoso escolar en Andalucía, al registrar 62 de los 75 expedientes de reforma incoados por la Fiscalía en toda la comunidad autónoma, es decir, más del 80 % del total.

Así se desprende de la memoria anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, que subraya el peso específico de Málaga en este tipo de procedimientos, frente a las cifras mucho menores de otras provincias como Cádiz (6), Jaén (4) o Huelva (3).

Aunque la mayoría de las diligencias en materia de menores en Andalucía están vinculadas a delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, la Fiscalía ha querido destacar el repunte de los expedientes relacionados con el acoso escolar, especialmente por la concentración de casos en Málaga.

Contexto en Andalucía

El informe señala que, en el conjunto de la comunidad, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos por menores se redujeron casi a la mitad respecto a 2023, al pasar de 404 a 244 expedientes. Sevilla fue la provincia con más casos (115), seguida de Almería (24).

En cuanto a la violencia de género cometida por menores, los expedientes bajaron de 120 en 2023 a 45 en 2024, mientras que las causas por violencia doméstica y de género experimentaron un leve repunte, pasando de 1.012 a 1.059.

Por su parte, los menores de 14 años, inimputables penalmente, registraron 828 diligencias archivadas en 2024, frente a las más de 4.500 de 2023, lo que según la Fiscalía supone una “vuelta a la normalidad”.

Prevención y educación

La Fiscalía insiste en que la prevención de la violencia entre menores, y en particular del acoso escolar, debe pasar por programas educativos específicos que promuevan valores como el respeto, la empatía y la resiliencia, tanto en las familias como en los centros educativos.

“La lucha contra este tipo de delitos ha de tener en cuenta fundamentalmente el factor educativo, tanto en el seno de la familia como en el sistema educativo”, señala la memoria, que reclama también la implantación de programas que den respuesta a la actividad delictiva de los menores.