Más de 5.700 médicos de Málaga están convocados a la huelga el 13 de junio

Más de 5.700 facultativos de la provincia de Málaga que trabajan en la sanidad pública están convocados a la huelga el próximo 13 de junio. El paro ha sido ratificado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) tras no alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre el borrador del Estatuto Marco.

Ambas organizaciones informaron que este lunes agotaron la última reunión con esa Administración "sin soluciones reales" ni "propuestas concretas que atiendan a las reivindicaciones del colectivo". Por ello, indicaron que mantienen el paro para ese día al que están llamados los más de 4.500 médicos que trabajan únicamente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los más de 1.200 que compatibilizan ese ejercicio con la sanidad privada.

Para la CEMS y el SMA, las modificaciones que propone el Ministerio sólo buscan "parchear la situación actual" y plantean "condiciones laborales que terminan por hipotecar al colectivo durante los próximos años". Por ello, consideran "inevitable" la huelga que será la "primera" jornada de paro nacional. Tras tachar de "poco fructífera" la reunión de este lunes con los representantes del Ministerio y a pesar de que sigue adelante la huelga, las organizaciones sindicales insisten en su voluntad de diálogo y de continuar negociando para ver plasmadas sus reivindicaciones a fin de mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

En un comunicado conjunto, la CESM y el SMA han señalado que "las pequeñas modificaciones" que hace Sanidad, "no sólo no mejoran la situación actual, sino que además acabarán contribuyendo al deterioro de la sanidad pública, ya que no se cumplen los objetivos del plan de recuperación marcado por Europa, por lo que las organizaciones sindicales se reservan las actuaciones correspondientes para elevar el conflicto a las instituciones que consideren oportunas".

El conflicto lleva ya varios meses. De hecho, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha convocado varias concentraciones en los últimos meses. Los profesionales sostienen que el borrador empeora sus condiciones de trabajo en un contexto en el que faltan profesionales. Entre otros argumentos explican que las guardias no computan para la jubilación, se pagan a "precio de saldo", no se eliminan las de 24 horas, se obliga a una jornada semanal de 48 horas, se mete a los facultativos en el mismo grupo que a sanitarios de menos formación, no se permite la compatibilidad con la privada para los MIR en los primeros cinco años de ejercicio tras acabar la especialidad ni para los jefes de servicio de la pública y que lejos de fidelizar en la sanidad pública a los profesionales, los alienta a abandonarla. De ahí que tanto el Colegio de Médicos de Málaga como el SMM lo rechacen.

Los facultativos protestan porque con el borrador, los médicos, que tienen una formación de 360 créditos, quedan "mezclados" en el grupo A1 con otros sanitarios que suman 240. De ahí que denuncien que su "superior formación y responsabilidad" no se reconoce. Además, explican que entre la jornada ordinaria y las guardias que son obligatorias hasta los 55 años, tienen que hacer jornadas semanales de 48 horas; eso mientras que el Ministerio de Trabajo del mismo Gobierno lucha por establecerla en 37,5. Las guardias, que no cotizan, representan en torno a la cuarta parte de la vida laboral de un facultativo. Pero, además, insisten en que mientras a otras categorías se les pagan horas extraordinarias, a los médicos éstas se les abonan como jornada complementaria (guardia) a cuantías proporcionalmente más bajas. Por otra parte, aunque de lunes a viernes el borrador establece las guardias de 17 horas, se mantienen las de 24 durante los fines de semana.

Otro punto motivo de discordia es el de las incompatibilidades. Los profesionales apuntan que el texto que proyecta el Ministerio fomentará la fuga de médicos del sistema público en un momento en el que hay déficit de especialistas. En la provincia hay casi 1.200 facultativos que compaginan sanidad pública y privada, aunque la reforma respecto a este apartado sólo afectaría a los jefes de servicio y los profesionales en sus primeros cinco años de ejercicio en el Sistema Nacional de Salud (SNS).