El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo y definitivo paso en la recuperación del modelo público para gestionar la recogida de la basura y la limpieza de las calles. Después de que el Pleno municipal aprobase por unanimidad la culminación del procedimiento de creación de la nueva sociedad a la que se asignará este servicio, Limpieza de Málaga, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga del citado acuerdo concluye esta parte del trámite.

Sin embargo, la puesta en marcha de la nueva entidad se hará esperar a priori al menos hasta principios del mes de julio, dado que antes deberán procederse al registro mercantil de la sociedad limitada, un paso que se ve obstaculizado en este momento por la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno central en su propósito de frenar la expansión del coronavirus.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la actualización del calendario hace pensar que será posible ver a los operarios de limpieza y recogida de basura de Limpieza de Málaga funcionar en las calles el 1 de julio próximo, aunque ello queda condicionado al devenir de los acontecimientos próximos y al previsible proceso de desescalada que ya se está atisbando para las próximas semanas.

Y a que por parte de los actuales socios privados no haya movimientos en la esfera de los tribunales. Esa posible acción, que no se descarta en el seno de la Casona del Parque, podría entorpecer los últimos pasos previos a la entrada en vigor de la municipalización de la limpieza en la capital de la Costa del Sol. No obstante, en el seno del equipo de gobierno confían en la firmeza de los movimientos ya realizados, todos ellos avalados por los diferentes departamentos municipales, incluyendo Intervención y la Asesoría Jurídica.

Cabe recordar que la empresa que aún a día de hoy tienen la mayoría del capital social de Limasa III, Servicios Urbanos de Málaga (con FCC como principal referente, a la que se suman Urbaser, Unicaja y Sando) tratan desde hace meses de frenar el proceso de municipalización. Suyas fueron la mayoría de las alegaciones formuladas contra el mismo, siendo rechazadas de plano por el Consistorio.

Entre sus argumentos destacó la posible afección sobre las arcas municipales. El informe que utilizaron de base para sustanciar esta posición, elaborado por el Institut Cerdà, apuntaba que a medio plazo los costes de la nueva empresa alcanzarán los 89 millones, un 17% más que el cálculo realizado por la comisión técnica encargada de estudiar la municipalización. Y se advertía de la posibilidad de tener que asumir 12 millones en costes laborales.

Frente a estas tesis, el Ayuntamiento ha seguido adelante con el planteamiento liderado por el alcalde, Francisco de la Torre, quien desde hace años viene defendiendo la necesidad de modificar radicalmente el actual modelo. Entre los informes que han servicio de base al Ayuntamiento para ir adelante con el nuevo sistema destacó el elaborado por Intervención, que subrayó que la gestión pública supone "la fórmula más económica" para las arcas del Consistorio, estimándose un abaratamiento de unos 7,7 millones de euros respecto a la factura que en la actualidad representa una Limasa mixta.

Conforme a estas estimaciones frente al coste actual de Limasa III, de unos 100,3 millones se bajaría a unos 92,6 millones en el supuesto de que la explotación de los servicios esté en manos de una sociedad mercantil de capital 100% pública, como es el caso.

La memoria municipal reconoce que "en la práctica la parte privada de esta empresa está actuando sin asumir riesgo operacional alguno"

Es de remarcar el que en la memoria elaborada para defender la decisión municipal de ir adelante con la supresión del modelo mixto actual, se destaca que el contrato vigente está "obsoleto". Igualmente, se destaca como clave el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en marzo de 2005, cuando se garantizó a la empresa un beneficio anual limitado del 2% de la facturación global.

A modo de conclusión, en ese documento se apostilla que la naturaleza jurídica de la empresa mixta se ha desvirtuado, "ya que, si bien esta modalidad en la gestión de los servicios públicos, en principio, tendría las ventajas de un operador privado sin renunciar a la participación directa del ente municipal, en la práctica la parte privada de esta empresa (que representa el 51%) está actuando sin asumir riesgo operacional alguno".