Los alcaldes de las principales ciudades de Málaga, casi todas gobernadas por el PP, se han mostrado en su mayoría contrarios al acuerdo firmado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno central para la cesión de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, De las quince urbes consultadas, once han rechazado la medida. Los regidores socialistas se desmarcan.

Así, el regidor de Málaga, Francisco de la Torre, apeló a la “falta de sensibilidad histórica” respecto al traspaso competencial de las autonomías a los entes locales, que “se manifiesta en esta postura del Gobierno”, y defendió “una disposición libre y con responsabilidad desde el ámbito local de esos fondos”.

El alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP, José María, García Urbano (PP), consideró que el documento “da vía libre a la incautación de los ahorros municipales, por lo que el Gobierno central podría disponer de forma inminente del superávit y el remanente de los ayuntamientos” y valoró la decisión como “injusta e intolerable”.

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), declaró que el acuerdo es “un absoluto robo” y abre la vía para que el Gobierno “meta mano en el ahorro de los ayuntamientos” para “poder sufragar sus políticas” y destacó que ahora los ayuntamientos y los vecinos tienen “más necesidades”.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula (PP), opinó que el consenso “es un absoluto fraude, es una prevaricación y es una exacción ilegal”, al tiempo que señaló que el acuerdo “reúne todos los requisitos para ser llevado ante los tribunales”, por lo que aseveró que “en este sentido vamos a trabajar en Fuengirola porque no nos parece justo que el Gobierno se apropie de nuestros beneficios y ahorros”.

Por su parte, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez (Compromiso Manilva), calificó la propuesta del Gobierno de usar los ahorros de los ayuntamientos a cambio de que éstos puedan utilizar un porcentaje de «inconcebible e intolerable», por lo que teme que la medida “deje sin liquidez” al Consistorio.

El regidor de Casares, Pepe Carrasco (IU) mostró su “desacuerdo” ante la iniciativa, ya que los ayuntamientos “deben disponer de recursos suficientes para dar respuestas a las emergencias sociales y sanitarias que se están planteando para ofrecer los mejores servicios públicos e incentivar la economía”.

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), consideró que el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, debe dimitir después de que haya salido adelante, gracias a su voto de calidad, aceptar la propuesta del Ministerio de Hacienda. “Ha traicionado a los alcaldes y a todos los ciudadanos de España”, publicó en las redes sociales.

Por su parte, el regidor de Torrox, Óscar Medina (PP) opinó que “el presidente de la FEMP se ha vendido a su presidente del Gobierno para hacer el mayor atraco a la autonomía local de la historia de la democracia porque esos superávit son de cada ayuntamiento”. “Es un chantaje en toda regla. El Gobierno de España tendría que permitir a los ayuntamientos invertirlo en salir de la Covid y si necesita dinero que lo pida a los bancos o al Banco Central Europeo”, dijo.

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP) también criticó duramente el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, y el Ministerio de Hacienda, para poner a disposición del Gobierno los remanentes de tesorería de las entidades locales. Califica su contenido de “chantaje inaceptable”, que impide que el Ayuntamiento gestione sus propios recursos.

El regidor nerjeño acusó al presidente la FEMP, Abel Caballero, de ser el artífice de este “atraco que castiga a nuestros vecinos y vecinas” y le calificó de “auténtico traidor al municipalismo”. “Al final se ha consumado lo que nos temíamos, el timo con el que el Gobierno requisa lo que hemos ahorrado, sin permitirnos que lo destinemos a las necesidades más urgentes de los nerjeños y nerjeñas, precisamente en medio de esta situación económica tan grave en la que nos encontramos”.

La edil de Hacienda de Ronda, Mª Carmen Martínez (PP), calificó como “atropello” la decisión y aseguró que “están gobernando desde la dictadura más absoluta sin tener en consideración el papel de los ayuntamientos como administración más cercana”.

Mientras las alcaldías socialistas se mostraron a favor del acuerdo, valorándolo el regidor de Benalmádena, Víctor Navas, “positivamente”, ya que “permite a los ayuntamientos acceder al superávit presupuestario y al remanente de años anteriores para realizar obras e inversiones”.

El Ayuntamiento de Mijas, liderado por Josele González (PSOE), puso de relieve que “es cosa de todos ser parte de la reconstrucción social de nuestro país y las medidas y ayudas aprobadas a nivel central son indispensables también para los mijeños que peor lo están pasando”. Desde Torremolinos, dirigido por el PSOE, señalaron que “el Estado somos todos, también la Administración local, y todos tenemos que arrimar el hombro para salir de la crisis sanitaria y económica”.

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado por Hacienda y la FEMP “porque representa el comienzo en la recuperación de la autonomía local que el PP quitó a los ayuntamientos a través de dos leyes: la Ley de Sostenibilidad y la Ley de Racionalización”. “Quienes vivimos con estas dos leyes somos conocedores de las dificultades que tenemos para dar servicio a la ciudadanía. Es un acuerdo que se ha alcanzado por la FEMP, donde están representados los ayuntamientos de todos los signos políticos, y el gobierno de España que ha dado inicio en la recuperación de lo que veníamos demandando, la flexibilización de las leyes para utilizar nuestros recursos”, recalcó.