Narcodrones, la nueva amenaza en las prisiones de Málaga para 'colar' drogas y móviles: "Nuestro miedo es que entren armas"

Cuando en plena pandemia, en Ceuta, a unos traficantes se les ocurrió emplear drones para intercambiar hachís por pastillas estaban abriendo lo que después se tornaría en una máquina para ganar dinero. Asomaba así la primera operación contra los narcodrones en España y, con ella, la Policía asestaba un duro golpe a una organización que había ideado una nueva forma de distribuir droga. Actuaban, principalmente, de noche, cuando sobrevolar un aparato cargado de mercancía tiene más garantías de pasar desapercibido. Las aeronaves pilotadas por control remoto eran, entonces, la solución al cierre de fronteras. Desde entonces, son la nueva amenaza en las prisiones. Los narcodrones, según alertan sindicatos y trabajadores, sobrevuelan las cárceles españolas de forma cada vez más habitual, con la pretensión de introducir en ellas los bienes más codiciados entre los presos: drogas y teléfonos móviles. Pero el panorama aún puede agravarse: funcionarios de prisiones temen que, en cualquier momento, entren armas de fuego. Y lanzan una advertencia: no hay inhibidores para evitarlo. La adaptación de estos dispositivos para el transporte de narcóticos y otros productos ilegales abren otro frente en la guerra contra los estupefacientes.

El modus operandi detectado para colar, sobre todo drogas y teléfonos, es tan sencillo como peligroso, pues plantea un complejo desafío de seguridad. Cuelgan algún objeto de color llamativo, como una camiseta fluorescente atada a los barrotes de la celda. El dron se aproxima con un paquete atado a una cuerda. Entonces, el interno al que va destinado saca una escoba y ‘caza’ la mercancía al vuelo. Los pilotos pueden, incluso, depositar su carga en las ventanas de las celdas, detallan funcionarios penitenciarios, que piden un plan para neutralizar estas aeronaves. Denuncian que, por el momento, el único método de control consiste en “mirar al cielo”, asegura a este periódico el delegado de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciaria (Acaip) en Alhaurín de la Torre, José Antonio Alonso. De noche, la solución no es otra que agudizar el oído, aprovechando que estos aparatos “suenan como un avispero”. “No tenemos medios contra ellos. Inhibidores de frecuencia no hay en ningún centro penitenciario”, insiste la organización sindical, que espera “que alguien que tome cartas en el asunto”. 

El reto de hacer llegar la droga hasta la piscina de la cárcel

Las técnicas para mover la droga en las cárceles se han perfeccionado. Ahora, el reto es hacer llegar el paquete a las zonas comunes de los centros penitenciarios, como polipodertivos o piscinas. Y el recluso elegido sale a recogerlo. Una práctica, admite el portavoz de Acaip, que puede derivar en que los delincuentes acaben introduciendo armas o permitan una fuga. “Puede ser muy peligroso. Los drones son cada vez más sofisticados. Si uno se presenta en mitad de un patio puede sacar incluso a una persona fuera de la prisión y nosotros no tenemos ni siquiera armas”, recalca. 

En palabras de otros trabajadores penitenciarios consultados, si los narcos no han introducido todavía armas en las cárceles malagueñas a través de drones es porque, en tal caso, Interior daría un golpe en la mesa y actuaría. “Prefieren, al menos, seguir con su negocio y poder colar móviles. Les resulta rentable y lo pagan bien”, remachan las fuentes. Y añade que el objetivo común de las más de 60 prisiones de España más afectadas por la intrusión de estos elevadores pasa por mejorar su seguridad evitando que puedan acceder al recinto privado mediante la inhibición que provocaría la caída del aparato y, por tanto, la pérdida de la carga que pudiera portar anulando la entrega al destinatario. “En Ceuta encontraron una pistola de fogueo y, entonces, montaron un sistema de 300.000 euros en común acuerdo con la unidad Pegasus que también sirve para detectar narcodrones que vienen desde Marruecos”, sostiene uno de los funcionarios.

De la vigilancia exterior de las cárceles se ocupa la Guardia Civil, la primera barrera de seguridad contra estos aparatos teledirigidos. Pero, si consiguen rebasar este obstáculo, son los funcionarios de prisiones los encargados de impedir la entrada de drones en las instalaciones. Sindicatos y asociaciones de trabajadores coinciden en que los drones son una amenaza constante a la seguridad. Y las cifras lo corroboran. En 2022, el "aumento exponencial" de estas aeronaves sobrevolando las cárceles con móviles y droga ponía en alerta al Ministerio del Interior. En los primeros nueve meses de ese año se registraron 41 avistamientos o interceptaciones, según una respuesta de Instituciones Penitenciarias al Portal de Transparencia.

En 48 horas, fueron dos los drones que se identificaron surcando el cielo de la prisión de Alhaurín de la Torre. El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ya subrayaba entonces su preocupación al considerar que podrían causar “una quiebra de la seguridad de la instalación y poner en riesgo directo e inminente la vida de reclusos y trabajadores”.

Un año después, en marzo de 2023, la Policía Local de ese municipio malagueño intervino un dron y varios paquetes de drogas, junto a otros efectos, en las inmediaciones de la cárcel. El material, que fue avistado por unos jóvenes, se puso disposición de la Guardia Civil para indagar en lo sucedido.

La banda de Marbella que alijaba hachís con narcodrones

El golpe más reciente a una red de narcodrones se remonta al pasado mes de noviembre. Las aeronaves, con 100 kilómetros de autonomía, podían trasladar hasta 20 kilos en cada viaje. Los investigadores arrestaron a una decena de personas (siete de ellas fueron a prisión) tras desarrollar seis registros en el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol. 

 Los aparatos se fabricaban de forma artesanal, con corcho y madera, y contaban con un compartimento en la barriga desde donde se descargaba la droga cuando sobrevolaban las zonas designadas, normalmente terrenos escarpados y de difícil acceso.

La investigación se inició en enero de 2024, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal organizado que se estaba dedicando a la introducción de hachís a través de aeroplanos no tripulados. El presunto cabecilla, un ciudadano ucraniano con conocimientos en el manejo y la fabricación de drones. Estos aviones teledirigidos partían vacíos desde Algeciras hacia el norte de Marruecos, donde eran cargados con el hachís. A su regreso, descargaban la sustancia con paracaídas en puntos de difícil acceso en los entornos de Pelayo y Las Pantallas. Allí eran recogidos por los miembros de la banda, que los trasladaban en mochilas a pie.

La meteorología condicionaba los envíos de hachís debido al fuerte viento que suele soplar en el Estrecho. Con buenas condiciones, se podían hacer hasta 10 vuelos en una noche, sobre todo en verano. Los narcodrones eran fabricados en Ucrania y, posteriormente, trasladados por carretera hasta el Campo de Gibraltar, donde se ofrecían y acordaban los envíos de la sustancia estupefaciente con organizaciones criminales locales. A lo largo de la investigación los agentes constataron que una organización habría tratado de enviar hasta 1.000 kilos de hachís con este método.

El primer narcosubmarino, en Monda

Si se echa la vista atrás, ya en 2021, el mundo del hampa había dejado su sello en Monda. Un municipio del Valle del Guadalhorce de apenas 2.500 habitantes se colocaba entonces a la vanguardia criminal. Allí, la Policía halló una nave en la que se estaba fabricando el primer narcosubmarino del Viejo Continente. Una novedosa embarcación semisumergible que se estrenaba en España. Tenía nueve metros de eslora por tres de manga y tres de calado con capacidad para dos toneladas de droga. La operación Ferro llevó a desmantelar una banda criminal dedicada a la producción y distribución de estupefacientes. Hubo medio centenar de detenidos, 30 de los cuales ingresaron en prisión.