La necesidad de vivienda a precio asequible en Málaga capital tiene cifra: 20.500 demandantes

La necesidad de vivienda en Málaga capital crece. Así lo confirman los datos oficiales manejados por el Ayuntamiento de la ciudad, que situaban a fecha del pasado 19 de noviembre en 20.501 las personas inscritas en el registro municipal de demandantes de una casa a precio asequible. Sirva como punto de comparación que en 2006, cuando se sorteó la mayor de las promociones de vivienda de protección oficial (VPO) impulsada por el Consistorio, la de Soliva, optaron a la misma unas 23.000 solicitantes.

Trece años después, el alza de los precios en el residencial libre, no sólo en la fórmula de compra sino también de alquiler, y la escasez de una alternativa social achica las posibilidades reales para miles de familias. Uno de los detalles más significativos de la estadística municipal, de la que se da cuenta en el documento del Presupuesto del Ayuntamiento para 2020 en materia de vivienda, es que el 81,79% de los apuntados demandan alojamientos en régimen de alquiler. En buena medida por sus dificultades económicas y por las dudas que les genera la posibilidad de disponer de la financiación bancaria necesaria.

A este primer porcentaje se suma otro si cabe más preocupante y que dibuja en buena medida el perfil del demandante. Hay más de 12.600 inscritos que tienen menos de 35 años y con unos ingresos anuales que están por debajo de los 7.432 euros (1 Iprem). Un colectivo que requiere de manera clara de la respuesta pública para encontrar vivienda.

Un papel en el que el Ayuntamiento de Málaga viene actuando en solitario en las últimas décadas (con la entrega de 5.223 pisos, 2.433 de ellos en alquiler) ante la inacción de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la realidad es que la contención presupuestaria que ha tenido que aplicar en sus cuentas en los últimos ejercicios ha rebajado de manera apreciable el número de intervenciones residenciales puestas en carga desde la Casona del Parque.

Este asunto viene mereciendo la atención del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), organismo dependiente del Ayuntamiento, desde hace algunos años. En uno de sus informes recientes ya ponía de relieve la "urgente necesidad" de que las administraciones apostasen de manera "decidida" por la promoción de VPO.

"Mientras no nos encaminemos de forma rápida y decidida a políticas de vivienda pública, en alquiler y en venta, la brecha de la dualidad se irá incrementando", subrayaba el informe, en el que se valoraba una posible intervención en la limitación de los precios del alquiler contemplada en la nueva legislación sobre vivienda. En otro trabajo más reciente, se insiste en la idea de que esta modalidad residencial está "desaparecida".

Las previsiones para 2020 no abren la puerta a una nueva Soliva, pero sí al menos va a permitir sentar las bases de lo que será el inicio de la construcción real de las primeras 476 viviendas de la promoción Universidad (en total serán 1.001), todas ellas en arrendamiento. Un desbloqueo que solo es posible después de que las primeras edificaciones hayan merecido la asignación de hasta 11,7 millones de euros en forma de subvenciones de los planes estatal y autonómico de vivienda. Antes de poder licitar si quiera estas actuaciones, la Sociedad Municipal de Vivienda tendrá que adaptar los proyectos constructivos redactados años atrás.

Las cuentas de 2020 reservan para las promociones ya en marcha y las que se quieren impulsar apenas 5,3 millones. Una cifra que crecerá de manera clara en los ejercicios futuros. Así consta en la documentación oficial, en la que se prevé que en 2021 serán necesarios a 30,9 millones; en 2022, 63,2 millones, y en 2023 otros 34,6 millones.