Los negocios anónimos de Gil y Roca en la finca La Concepción

El ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, su mano derecha en el urbanismo municipal, Juan Antonio Roca y José Luis Jiménez, otro hombre de su máxima confianza como gerente de Contratas 2000 y hoy día fallecido, asociados en Aragonesa de Inversiones Jacetanas compraron en 1997 la finca La Concepción, dos parcelas de suelo rústico que en conjunto sumaban algo más de un millón de metros cuadrados. Desembolsaron por ellas 577 millones de pesetas.

En enero de 2003 la Junta de Andalucía ya había declarado ilegal el PGOU de Gil y, por si cabían dudas, el catedrático de Derecho Administrativo Manuel Clavero Arévalo había emitido un dictamen en el que confirmaba que La Concepción era suelo rústico sin posibilidad de desarrollo inmobiliario. Pese a todo, en enero de ese año, las familias Gil, a través de la sociedad Mizar, y Jiménez, mediante Saciso, junto con Roca, que para la ocasión operaba con Direla, vendieron los terrenos por 5,8 millones de euros.

¿Si el suelo seguía siendo rústico, qué había sucedido para que en seis años la finca costara 2,4 millones de euros más? La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito de acusación en el caso Malaya los denodados esfuerzos que hizo el Ayuntamiento por reconvertir en urbanizable ese terreno: El 17 de enero de 2003 el Ayuntamiento aprobó el plan parcial para su desarrollo urbanístico, sólo dos días después de que se presentara el proyecto, y el 19 de mayo de 2003 el entonces alcalde, Julián Muñoz, firmó un convenio con los nuevos propietarios que se comprometían a adelantarle las cesiones obligatorias. Incluso, desde diciembre de 2002 tenían licencia para promover un campo de golf, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público.

El fiscal sugiere, por tanto, que se consiguieron 2,4 millones de euros en plusvalías porque los compradores del terreno estaban seguros de que al ser quienes eran los vendedores lograrían vencer cualquier obstáculo normativo que pesara sobre el suelo. Sin embargo, ayer, Jesús Bravo, comprador junto a su familia del 75% de los terrenos, negó este extremo. Afirmó que jamás supo que detrás de Aragonesa de Inversiones Jacetanas y las sociedades que la constituían (Mizar, Saciso y Direla) estaban Jesús Gil y Juan Antonio Roca. Es más, dijo que desembolsaron los 5,8 millones de euros conscientes de que era una operación de riesgo, porque era suelo rústico y posiblemente tuvieran que esperar años antes de poder colocar un ladrillo. Pero aún así, el precio les pareció adecuado. "Si hubiera sido urbanizable nos hubiera costado 25 ó 26 millones de euros".

Este es uno de los casos en los que la Fiscalía pidió a la Audiencia de Málaga tras formular escrito de acusación en el caso Malaya que dedujera testimonio para que un juzgado de instrucción investigue si las familias Gil y Jiménez incurrieron en alguna responsabilidad penal. La Audiencia aceptó la petición del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero. Este es el caso también de la sociedad Promonagüeles que afecta a los hermanos Sánchez-Dalp, que ayer reclamaron que se aparte del caso Malaya al haber sido objeto de deducción de testimonio. La solicitud motivó la suspensión del juicio hasta el lunes para que el tribunal pueda resolver esta cuestión.