No pagaba la pensión de su hijo, pero alardeaba de una buena vida: prisión en Málaga para un hombre

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga número 9 ha ordenado a un hombre que ingrese en prisión para cumplir una pena de 135 días por impago de pensión a su hijo menor mientras él alardeaba de un alto tren de vida en las redes sociales.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, se revoca la suspensión de la ejecución de la pena por un delito de impago de pensiones y se le requiere a que ingrese voluntariamente con el apercibimiento de que de no hacerlo se decretará su busca, captura, detención e ingreso en prisión.

Esta decisión ha sido adoptada por el juez tras un largo periplo judicial en el que propio acusado ha reconocido su obligación del pago de la pensión a su hijo, pero aseguró que a partir de la pandemia le vino "mal la cosa y que había sobrevivido", pero el abogado de la familia afectada, Jesús Odériz, logró demostrar una falsa insolvencia del mismo.

Odériz ha asegurado a EFE estar satisfecho con la resolución, que ha calificado de "ejemplar" en la lucha contra el abandono de familia.

El conflicto comenzó en 2020

La batalla legal comenzó el 29 de julio de 2020, cuando el letrado interpuso una querella criminal por un delito de impago de pensiones.

Según la documentación acreditada por el juzgado, a la que ha tenido acceso EFE, el acusado dejó de cumplir con sus obligaciones económicas establecidas judicialmente desde finales de 2019, ignorando incluso un acuerdo transaccional previo que él mismo había firmado para saldar deudas anteriores.

Durante el proceso, el letrado aportó pruebas, incluyendo informes de vida laboral que situaban al acusado de alta como autónomo en el sector de la mecánica y capturas de redes sociales que mostraban un nivel de vida incompatible con la insolvencia alegada.

Sentencia condenatoria por impago intencionado de la pensión

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga dictó en 2024 sentencia condenatoria contra el acusado al considerar probado que tenía capacidad económica suficiente y había faltado intencionadamente al pago de las pensiones.

El acusado fue condenado inicialmente a una pena de multa de 2.700 euros y al pago de una indemnización por responsabilidad civil de 7.690,05 euros y a pesar de que el tribunal le concedió el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad por cuatro años bajo la condición de abonar 160 euros mensuales para saldar la deuda, el penado no realizó ningún ingreso.

El abogado Odériz ante la situación de "incumplimiento grave" puso el caso a disposición del juez que en un auto, fechado el 11 de febrero de 2026, ha atendido a las peticiones de la acusación particular, ha decretado la revocación de la suspensión y ha ordenado la ejecución de la pena de 135 días de prisión.