Un informe elaborado durante este año sobre nuevas promociones inmobiliarias en desarrollo en la provincia de Málaga, cerca del litoral, apunta a que “el 93,46% no alcanza el grado de cumplimiento mínimo” de la ley de consumidores y garantías en la compra sobre plano.

Es el primer análisis que se desprende de los datos recogidos en el estudio, que fue encargado por la plataforma SOS Vivienda al despacho Ley 57 Abogados y se trata de una revisión y ampliación del realizado en 2018, según han informado desde el despacho a través de un comunicado.

En concreto, se localizaron 217 promociones en desarrollo de Manilva a Torrox, sobre las que se realizaron diferentes averiguaciones, como llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas in situ, solicitando la información que obligatoriamente deben poner los promotores a disposición de los posibles compradores.

De esas promociones, 107 respondieron a los requerimientos de información y de éstas “solo siete superan el 70% de cumplimiento de los parámetros legales analizados”, siendo el incumplimiento “más grave” la “falta de información sobre las garantías de los anticipos que las promotoras exigen a los futuros propietarios”.

El informe será presentado en septiembre, alertando desde SOS Vivienda a los posibles compradores “para que exijan la totalidad de la información prevista en la ley, acudiendo para ello a profesionales expertos en la materia de compra sobre plano”.

Según recordaron, con motivo del informe realizado en 2018, el Defensor del Pueblo Andaluz “requirió hace algunas semanas a las autoridades que investigarán los incumplimientos en esta materia a nivel de toda Andalucía”.

“La falta de garantías e incumplimientos como los ahora investigados fueron la causa de que miles de familias perdieran sus ahorros en promociones no terminadas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria”, indicaron desde Ley 57.

Al respecto, señalaron que parte de esas familias “ya han reclamado a las entidades financieras por su responsabilidad al no velar por la existencia de las garantías, tras repetidas sentencias del Tribunal Supremo que establecieron esa responsabilidad derivada de la antigua Ley 57/1968 que estuvo vigente hasta 2016”.