A José Antonio Martín se le cayó el vaso de leche que llevaba en la mano cuando supo que se enfrentaba al pago de 853,77 euros por la retirada de un enjambre de abejas de la que se ocupó el Consorcio de Bomberos hace cerca de tres años en su vivienda, en la provincia de Málaga. El afectado, un jubilado que asegura tener un grado de discapacidad del 35%, impugnará la resolución, mediante un recurso de reposición que interpondrá en primera instancia. Defiende que él se limitó a dar aviso al servicio de emergencias sanitarias 112 Andalucía para “pedir ayuda”, porque, argumenta, las abejas “son animales protegidos” y sus picaduras, en su estado, podían causarle “la muerte”. 

El cobro por la actuación de los bomberos, según sostienen desde el Consorcio, forma parte del procedimiento habitual en estos casos, ya que, precisan las fuentes consultadas, así lo recoge la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios. Pero el perjudicado apostilla que fueron los propios efectivos “los que llamaron a un apicultor” y se pregunta que, si estos consideraban “que no eran competentes, por qué se presentaron a sabiendas de que lo que había que quitar era un enjambre de animales protegidos”. José Antonio denuncia así “el despliegue de medios”, que, a su juicio, “ha hecho engordar una factura desmesuradamente”.

Los hechos se remontan al 15 de mayo de 2018, cuando, según el testimonio del afectado, observó que había varias abejas en el acceso al salón de su inmueble. Logró relata, “taponar” la entrada y “sacar fuera las que habían entrado”. Al día siguiente, alrededor del exterior de la chimenea, “había ya un considerable enjambre de abejas moviéndose por el exterior de la casa y por las calles aledañas”. Entonces, dio aviso al 112, que según su versión le hizo llegar una dotación del Consorcio de Bomberos próxima a Antequera. “Con sus medios y los de un apicultor, al que ellos llamaron, consiguieron encapsular el enjambre y se acabó el problema”, recuerda José Antonio,  que afirma haber padecido cuatro cánceres, uno de ellos intervenido y sometido a quimioterapia desde hace cinco años todos ellos.

Su sorpresa ha sido recibir, casi tres años más tarde, tal liquidación por prestación de servicio del Consorcio de Bomberos. Lejos de asumirlo, ya advierte de que iniciará un proceso judicial. “Será el juez el que definitivamente diga lo que en justicia proceda”, remacha optimista. 

El jubilado critica que “un servicio público que pagamos con nuestros impuestos cobre tasas por realizar el trabajo para el que está destinado y remunerado”. “¿Por proteger la fauna y mi propia persona debo pagarles mi pensión de un mes?. La retirada de enjambres son de su competencia. Como lo hagan ya es cosa de ellos y no del ciudadano que demanda el auxilio”, asevera. Lo ocurrido, a su juicio, es extensible a otras actuaciones. “Imaginaos que te roban el coche. Lo recupera la Policía y te cobran 1000 euros por hacerlo. Es de locos”, se lamenta.