La escena transcurre en el baño de un colegio. Allí, varios menores graban a una alumna y, a renglón seguido, distribuyen las imágenes entre sus compañeros. Lo hacen a través de Whatsapp, algunos, sin ni siquiera tener conocimiento de que están incurriendo en un delito contra la intimidad-el bullying no está tipificado como tal en el Código Penal-. Otros son reincidentes. El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional de Málaga los vigila. A ellos y a las víctimas de entre 14 y 17 años, las más frecuentes en estos hechos delictivos. "Con esa edad ya hay menos control de los padres y la capacidad de los menores para ocultar sus problemas es mayor. La familia tarda en detectar el acoso, lo que en situaciones más graves deriva en tentativas de suicidios", explica José Luis, inspector jefe del grupo, que recalca lo difícil de que se "escape algún caso de acoso".

Los investigadores han reforzado lazos con los centros educativos, que desde 2017 cuentan con un protocolo de ciberacoso impulsado por la Junta de Andalucía para poner coto a estos comportamientos que, antaño, "se tendía a ocultar". Una vez que se advierte del posible hecho delictivo, el colegio o instituto -lejos de silenciarlo- traslada a la Policía un informe con las medidas que han sido adoptadas y la identificación de los implicados. "La colaboración es muy buena", subraya.

El auge de las redes sociales define un nuevo clima de intimidación, que continúa en la casa, donde el acoso queda en el limbo y puede prolongarse las 24 horas del día. "Nos aportan mensajes con insultos y comentarios denigrantes como prueba. Iniciamos una investigación y tomamos declaración a todas las partes. Muchas veces, los padres no saben lo que hacían sus hijos hasta que llegan a Comisaría y ven el contenido", relata el inspector. La intervención policial, que puede llegar a saldarse con la detención si se constata que el hostigamiento es constante y se acompaña de una agresión, suele ser el escarmiento más eficaz para los autores, que siempre reciben un castigo. Incluso si son inimputables, el beneficio que concede la Ley de Responsabilidad del Menor a los adolescentes que no superan los 14 años.

Su arresto es "prácticamente igual" que el de un adulto, solo que el padre debe estar presente durante la declaración. "No entran en prisión, pero están bajo control con una medida severa. En caso de que cometan una agresión sexual, van a un centro de reforma. Somos testigos de que esto se cumple", asevera el mando policial, quien sostiene que, si "cometen delitos menores de 14 años, algo está pasando". "No entramos en debates sobre subir o bajar la edad penal porque nos centramos en la víctimas, pero habría que ver si están funcionando o no las medidas", espeta.

El jefe del grupo de menores, que forman ocho agentes, entre ellos una inspectora y tres mujeres policías, duda sobre si actualmente son más numerosas las denuncias por acoso escolar. Cree que siempre han existido, aunque ahora existe, dice, "más conciencia". De ahí que, a través de charlas que imparte en centros educativos, trate de "implicar a los menores espectadores" para que alerten de cualquier sospecha de abuso a un compañero. "Hay que conseguir que los acosadores no se sientan cómodos. Antes era impensable que un niño viniera con su padre a denunciar", señala.

Otro de los consejos que los agentes proporcionan a las familias tiene que ver con el control del uso del móvil de sus hijos. "Vemos a niños con 10 ú 11 años que se lo llevan al colegio. No lo necesitan para nada, están perfectamente localizados. El menor participa en la distribución de fotos y vídeos con situaciones íntimas y eso puede convertirse en un delito", explica el inspector. Los padres no solo deben ver a sus hijos como víctimas, también como autores y, además, saber con quién se relacionan. "Si no hay un control, resulta muy dañino", resalta.

Una parte importante del trabajo que desarrolla el grupo de menores también se centra en las denuncias de padres por abusos sexuales a sus hijos. En una de las actuaciones más recientes, la Policía intervino más de un millón de archivos con contenido pedófilo en Vélez-Málaga. Además de a un entrenador, los agentes han arrestado a un presunto pederasta que trabajaba en una asociación benéfica. En la mayoría de los casos, el menor "siente vergüenza, no es capaz de negarse ante el agresor, que le hace promesas o le amenaza". El mundo "se le viene encima y lo oculta". A veces, también actúa así la familia. Los autores suelen ser "depredadores sexuales, casados y con hijos" y captan a víctimas de 15 años a través de las redes sociales.

El inspector se pregunta "cómo se puede abusar -o maltratar- a un menor de 2 años". Se refiere a un caso ocurrido el pasado mes de febrero, cuando se detuvo a la madre, de 16 años, y a una abuela por presuntos malos tratos. "Hay padres que no son capaces de controlar sus vidas. Suele ocurrir que también ellos han sido maltratados y si se añade alcohol y drogas...", apostilla.

El inspector advierte además de la aparición de un machismo regresivo en las nuevas generaciones. "Hay menores que ya tienen patrones machistas. Desde pequeños piensan: o para mí o para nadie". También se debe trabajar con ellos", destaca. Las denuncias por fugas de menores, cuya investigación ya comienza desde que se tiene conocimiento sin necesidad de esperar a que transcurran 24 horas.