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La ex pareja de Lucía Garrido, a juicio por la muerte de dos colombianos en Alhaurín de la Torre

  • Las armas halladas en la finca, claves para determinar si el autor sabía que se produciría el asalto y se preparó para repelerlo

  • Manuel Alonso se sentará en el banquillo de los acusados tras la revocación del archivo de la causa 

Manuel Alonso, en la Ciudad de la Justicia Manuel Alonso, en la Ciudad de la Justicia

Manuel Alonso, en la Ciudad de la Justicia / Javier Albiñana (Málaga)

La ex pareja de Lucía Garrido, la mujer hallada muerta con signos de violencia en la piscina de su casa en Alhaurín de la Torre hace 12 años, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Málaga tras la revocación del archivo de la causa. Esta vez, lo juzgará un jurado popular por el crimen a tiros de dos ciudadanos colombianos que entraron en su casa, supuestamente para robar, un año después de la muerte de la víctima.

La jueza instructora del caso ha dictado un nuevo auto al entender que, si bien Manuel Alonso, el que fuera compañero sentimental de Lucía, la noche del 25 de abril pudo actuar en legítima defensa puesto que los autores dispararon varias veces antes de que él abriera fuego con su escopeta, existen dudas sobre si sabía que se iba a producir el asalto y si se preparó con armas para repelerlo. Así, habrá que determinar si el autor esperaba a los colombianos para abatirlos, según informaron fuentes próximas a la investigación.

Respecto a las otras tres personas, entre ellas dos guardias civiles, inicialmente investigadas por una supuesta inducción al homicidio, no se ha podido concluir su participación en el crimen, con el que solo se relaciona a Manuel Alonso, al margen de que el asalto de los dos extranjeros tuviera o no que ver con el tráfico de drogas. En este sentido, cabe recordar la declaración ante el juez de uno de los agentes del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil que participaron en la investigación de la muerte de Lucía Garrido. Durante el juicio por el crimen de la mujer, el efectivo explicó que en la finca Los Naranjos, donde la víctima vivía junto a su hija de 13 años tras la separación, “servía como guardería de drogas”. Y a ello, según su versión, podría responder el asalto “con armas de guerra” a cargo de “18 personas”. “Lo organizaron porque pensaban que el dueño estaba guardando droga de otro. Una guardería requiere exclusividad. Es más fácil robar la sustancia que traficarla”, recalcó entonces el agente.

El asalto, vinculado a “un chivatazo de guardias civiles”, fue, en palabras de este investigador, “un punto de inflexión importante”. “Esto era el paradigma de la mafia policial. Identificamos a toda la banda que cometía el asalto. Nos contaron con detalle cómo se mató en unos segundos a los dos chicos que entraron”, recordó.

Las armas en la finca, claves

La investigación de estos años por la muerte de los colombianos ha dado varios giros de tuerca.  Las acusaciones particulares y popular se opusieron al sobreseimiento provisional que había sido solicitado por el Ministerio Fiscal y las defensas. La Asociación Unificada de la Guardia Civil, que insistía en que se practicaran nuevas diligencias, mantiene que el escenario en el que ocurrieron los hechos fueron alterados supuestamente para simular que el autor actuó en defensa propia. 

De las indagaciones se desprende que tanto en el interior como en el exterior de la vivienda en la que se produjo el tiroteo había varias armas. Una de ellas, en el salón y otra en uno de los dormitorios, además de munición. Estas averiguaciones determinan que existen indicios sobre si Manuel Alonso conocía de antemano que un grupo de personas con dudosas intenciones irrumpiría en su inmueble, para lo que debía prepararse armado, hipótesis sobre la que el tribunal del jurado deberá pronunciarse. 

Repetición del juicio por la muerte de Lucía

En cuanto al juicio por la muerte de Lucía Garrido, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó hace unos meses repetir el juicio, en el que los cuatro acusados fueron absueltos.  Así, se declaró entonces la nulidad del veredicto y de la sentencia respecto a dos de los acusados -el presunto autor material y el marido de la víctima, como presunto autor intelectual- y se mantenía la absolución respecto a los otros dos. Una decisión que se adoptó tras detectar un defecto grave de forma, ya que en dos puntos del objeto del veredicto, el jurado no alcanzó las mayorías legales para declararlos probados o no probados.

El crimen de Lucía, que fue hallada con golpes en la cabeza y una puñalada en la yugular, continúa de esta forma sin culpables más de una década después. Los cuatro acusados, entre ellos su ex pareja –para quien la Fiscalía de Málaga pedía una pena de 25 años de prisión– habían sido absueltos al no darle fiabilidad suficiente al testimonio del testigo protegido ni tampoco a la prueba de ADN realizada a la llave hallada en el lugar del crimen que inculpaba a uno de los acusados. Tras la lectura del veredicto de no culpabilidad emitido por el jurado popular, la magistrada presidenta de tribunal dictó sentencia absolutoria para todos ellos, que negaban su relación con los hechos e incluso denunciaban un complot para su implicación en el crimen.

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