Las consecuencias millonarias que tendría para la Junta de Andalucía la ruptura del acuerdo de concesión del Metro de Málaga van en aumento. Mientras el vínculo contractual existente entre la Administración regional y los socios privados responsables de la explotación del suburbano disminuye, con el horizonte fijado en el año 2042, se incrementa de manera notoria la dimensión de la compensación que tendría que asumir el Gobierno andaluz en caso de dar por finalizada de manera anticipada y unilateral este acuerdo. En concreto, según se precisa en las cuentas anuales de la sociedad, el valor patrimonial a 31 de diciembre de 2018 que se usa como referencia se sitúa en los 902,5 millones de euros, 6,7 millones más que el ejercicio pasado.

Una de las particularidades del contrato que rige sobre el ferrocarril urbano es que no deja vacío alguno, precisando negro sobre blanco las responsabilidades que cada uno de los actores asume en caso de este matrimonio de conveniencia entre en crisis. La situación es tal que se analiza de manera pormenorizada todos los posibles escenarios. Y en los mismos se pone en evidencia que la envergadura de la penalización a la que tendrá que hacer frente la Junta, como promotor del proyecto, contrasta con la repercusión que tendría para los socios privados una posible resolución unilateral por su parte.

De hecho, el contrato garantiza a los actores vinculados al proyecto, dos fondos de inversión de origen francés, junto a la Agencia de Obra Pública de Andalucía, el cobro de una suma que, a finales del pasado ejercicio, se cuantificaba en 388,3 millones, 7,4 millones menos que en 2017. Y ello a pesar de que fuesen los responsables del "incumplimiento" del contrato.

Con esta partida se les garantiza el abono del coste de las obras realizadas en la infraestructura (cabe recordar que Metro Málaga en origen también fue adjudicataria de la construcción del Metro), así como los bienes necesarios para la explotación de la concesión. Estas previsiones quedan reflejadas en las cuentas anuales de la sociedad.

Siendo elevada, está muy lejos de la indemnización que tendría que materializarse en el supuesto de que fuese el Gobierno andaluz el responsable del incumplimiento, con los ya mencionados 902,5 millones. De acuerdo con la explicación recogida en las cuentas, esta suma es el resultado del "cómputo de los beneficios esperados" en el periodo restante de la concesión. Si se toma como punto de comparación finales de 2014, el crecimiento es aún mayor, ya que en ese momento el valor que se asignaba a la concesión era de 830,3 millones.

La comparativa de estos números permite, si cabe, tomar mayor conciencia de la incidencia que tiene sobre las cuentas finales del proyecto la modificación contractual adoptada a mediados de 2014 entre las dos partes para dar encaje al cambio de trazado, ya que la llegada bajo tierra a La Malagueta fue sustituida por una primera pieza soterrada hasta la mitad de la Alameda, ya en obras, y una segunda en superficie hasta el Civil.

Junto a la transformación del esquema inicial se incluyó un aplazamiento inicial de la terminación de la red a finales de noviembre de 2017, calendario incumplido y pospuesto ahora a finales de 2020. La misma pasó a incorporar un periodo "transitorio" en el que la Junta compensa económicamente la pérdida de viajeros derivada del retraso en la ejecución del trazado. A modo de referencia, a finales de 2013, el parámetro de compensación en el supuesto de que fuese la Junta la que rescindiese el contrato de manera anticipada era de 512,6 millones, 389,9 millones menos que el momento presente.

La tercera variable que se pone sobre la mesa es que el fracaso del Metro se debiese a causas de "fuerza mayor", supuesto en el que el concesionario, "además de la devolución de la garantía, tendría derecho a una compensación por el valor patrimonial de la inversión". Con todo, la cifra se fija en 617,4 millones. Dentro de esta cuantía se incluyen los "beneficios esperados en los próximos cinco años actualizados".

Pero si todas estas referencias fuesen pocas, hay que añadir la posición clave que asume la Agencia de Obra Pública como salvaguarda económica de la concesionaria para afrontar el pago del préstamo concedido en su día por el BEI (Banco Europeo de Inversiones) o para cumplir los ratios de financiación exigidos. En este sentido, el propio contrato de concesión especifica que mientras esté en vigor el crédito del BEI, hasta el año 2030, la Junta "se compromete a realizar a favor de la concesionaria las aportaciones económicas necesarias para que ésta atienda cualesquiera obligaciones de pago asumidas en virtud del contrato de financiación".

La Junta queda obligada hasta 2030 a realizar las aportaciones económicas necesarias para que la concesionaria pague el crédito del BEI

La posición absolutamente ventajosa de Metro Málaga se mantendrá intacta, al menos, hasta 2020. A partir de ese momento, el propio contrato abre la puerta a que los socios pueden disponer de unos beneficios inferiores a lo inicialmente previsto y que se calculan en un 10% de Tasa Interna de Retorno (TIR). De cumplirse con las estimaciones de demanda manejadas, de 20,7 millones de usuarios anuales, el negocio está fijado.

¿Pero y si el Metro no transporta la cantidad de pasajeros estimada? En ese supuesto, la concesionaria podría encontrarse con una reducción de la TIR, que podría pasar de ese 10% a un 5% o un 6%. Otra de las opciones es que el éxito fuese superior, de manera que en lugar de mover los mencionados 20,7 millones fuesen 21,7 millones. En ese caso, aclararon desde la Administración regional, el 75% del añadido iría en beneficio de la propia Junta.