La Asociación Save Our Homes Axarquía (Soha-Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía) quiere mantener una reunión con la Consejería de Justicia para buscar una interpretación más flexible del artículo 110 de la Ley 39/2015 que les permitiría la vigencia de los permisos con los que construyeron sus casas. Éste limita el derecho de la Administración a revisar sus propios actos, que en este caso, sería el de la nulidad de las licencias dadas por los ayuntamientos. “Esto dejaría nuestras viviendas en la situación jurídica conocido como Legal Fuera de Ordenación. Habiendo cumplido con nuestras obligaciones, no podemos conformarnos con menos”, explicó el portavoz de Soha, Mario Blancke, haciendo referencia a la compra de sus inmuebles con todos los permisos exigidos para ello.

En este sentido, el también teniente alcalde de Alcaucín recordó que el decreto aprobado por la Junta de Andalucía de edificaciones irregulares a mediados de noviembre resuelve situaciones de aquellos que habían construido sin licencia. “Sin embargo, los socios de Soha tuvieron sus licencias que son actos administrativos, que la Junta de Andalucía declaró nulas”, aclaró Blancke consciente de que con la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio “no se puede avanzar más”. De ahí, que busquen una reunión con la delegada territorial de Justicia en Málaga, Nuria Rodríguez, para insistir en la legalidad de sus licencias.

Blancke insistió en que el Decreto-ley 3/2019, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía, “sigue teniendo el mismo error” que las anteriores reformas que se han propuesto hasta la fecha, ya que sigue excluyendo a las viviendas que se construyeron con todos los permisos del Ayuntamiento y que posteriormente la Junta de Andalucía declaró nulas al considerar que estaban fuera de ordenamiento. ”Esta vez, no es diferente y dejan fuera a los compradores de buena fe, propietarios víctimas de la administración local, único órgano competente para emitir los permisos”, reiteró Blancke.

En SOHA existen 400 socios mayoritariamente jubilados y británicos, aunque hay muchos alemanes, holandeses, belgas, noruegos, que llevan aquí alrededor de 15 años y que obtuvieron previamente sus licencias para construir sus viviendas siguiendo todos los trámites que les iban pidiendo, es decir, “nada hicieron a espaldas de la Administración”, indicó el presidente de SOHA, Philip Smalley.

Por otro lado, los miembros de Soha mostraron su preocupación por la decisión del Gobierno de recurrir este último decreto Ley de la Junta de Andalucía porque plantea “un conflicto de competencias”. Según explicó Blancke, en la comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma, el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas comunicó al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, la intención de recurrir dicho decreto porque interfería en competencias del Estado. Para el representante de Soha, esto podría tener “consecuencias inmediatas en el proceso de regularización de viviendas que ya está en marcha".

Blancke remarcó que la iniciativa “viene de la mano de Luis Planas, anterior Consejero de Ordenación del Territorio de la Junta, cuando justamente se cometieron las irregularidades con la connivencia del PSOE-A”.El teniente alcalde de Alcaucín recordó que el Decreto Ley fue apoyado también por el PSOE de Andalucía, fruto de un amplio consenso, y ahora es el propio PSOE el que quiere impugnarlo y llevarlo al Tribunal Constitucional. “Pedimos al PSOE de Andalucía que por coherencia medien con sus compañeros de partido en el Gobierno de la nación y recapaciten porque vuelven a dejar a sus vecinos andaluces en una situación de indefensión”, concluyó el portavoz de Soha quien también pidió al gobierno andaluz información sobre el acuerdo.