-Han pasado ya once años desde que fundarais Soha para conseguir legalizar vuestras casas, ¿erais conscientes del grave problema que teníais y de la complejidad de la solución?

–No, nadie sabía a lo con nos enfrentábamos. Lo primero fue la incredulidad, incluso las bromas, porque nadie se creía lo que estaba pasando. Esto no pasa en ningún estado de derecho porque lo que crea es inseguridad jurídica.

–El presidente de la Junta de Andalucía se comprometió a regularizar “prácticamente la totalidad de ellas”. ¿Es suficiente o buscáis su legalización?

–No estamos buscando la legalización de nuestras viviendas, lo que buscamos es que se mantenga la vigencia de nuestras licencias. De hecho, el requisito previo para poder asociarse a SOHA es haber cumplido con todos los requisitos legales como proyecto visado, licencia de obras, declaración de obra nueva, o alta catastral.

–¿Con la regularización se evita la demolición?

–No es del todo así. La regularización (AFO) solo es posible cuando la administración ya no puede exigir es restablecimiento de la legalidad urbanística. Por tanto, no la evita. Facilita el acceso a los suministros básicos como agua y luz. El reconocimiento de AFO también abre el acceso a Notaría y Registro de la Propiedad para una posible venta. El problema radica que por el Decreto 716/2009, las viviendas en Fuera de Ordenación no tienen acceso al mercado hipotecario. Esto quiere decir que los bancos no pueden dar un préstamo para estas viviendas ya que su valor hipotecario es de cero euros.

"Algunos afectados han pagado hasta 25.000 euros para defender sus viviendas sin resultado”

–Por tanto, de la Junta necesitáis esa regularización y del Estado, el cambio de la Ley Hipotecaria, ¿estáis dispuestos a asumir el coste económico y de trabajo de estos dos frentes?

–Por supuesto. Nuestros fondos provienen de las cuotas de los socios. Cobramos 25 euros al año, bastante menos de lo que puede suponer una representación legal que defiende la legalidad de tu vivienda y que por cierto ha fracasado en todos los casos que hemos conocido. Algunos han pagado hasta 25.000 para defender sus licencias, sin resultado.

–¿Qué diferencia a la Axarquía de la situación de otras viviendas en suelo no urbanizable de Málaga?

–Nuestro ámbito de trabajo se ha limitado a la Axarquía pero hemos tenido contactos con otras asociaciones de Málaga Norte y Mijas, y la gran diferencia es que sus propietarios no tenían los permisos municipales para la construcción de sus viviendas.

–¿Usted lo ha vivido como afectado y como alcalde, ¿cuál ha sido el principal problema que han encontrado los ayuntamientos?

–El principal problema en la anterior legislatura autonómica ha sido la falta de unidad entre los ayuntamientos. Está claro que la problemática urbanística no se ha escapado del uso (abuso) político. Los alcaldes del PSOE no se atrevían a defender en bloque a sus superiores los que admitían en privado. Estoy convencido que con la presión de todos los alcaldes de todas las siglas, este problema se hubiera resuelto mucho antes.

"Con la presión de todos los alcaldes de todas las siglas se hubiese solucionado mucho tiempo antes”

–¿Entiende que haya personas que duden de la figura de “los compradores de buena fe” que usted defiende?

–Lo entiendo desde la ignorancia. Muchas veces he tenido esta discusión en redes sociales. Siempre he invitado a los que dudaban de venir a verificar toda la documentación de las viviendas de nuestros socios, comprobando que habíamos cumplido con todo los requisitos. Nunca ha venido ninguno.

–¿Y a los ecologistas que temen una amnistía?

–Por supuesto que los entendemos. Creo que mejor que ellos a nosotros. Uno de sus portavoces nos calificó de “delincuentes urbanísticos” cuando él sabía muy bien que la gran mayoría de nuestros socios somos víctimas por haber confiado en las administraciones.

–¿Qué solución plantean para aquella familias que tienen sus casas a medio construir afeando de igual modo el paisaje?

–Saliendo del ámbito de los estatutos de SOHA, y por lo tanto a título personal, para estas viviendas que se construyeron sin permisos, sin afán especulativo, para su propio uso o el de sus hijos y con la convivencia de la administración local que miró para otro lado, yo planteo una amnistía. ¿O es que ésta sólo puede existir para los delitos de cuello blanco, los que han defraudado miles de millones? Me refiero a la amnistía fiscal encubierta de Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Cristóbal Montoro. Que pagan los derechos y que les dejen terminar la vivienda ya que no existe la voluntad ni el valor político de demoler las miles de viviendas sin terminar. Solo en la Axarquía habrá probablemente cerca de 1000 viviendas en esta situación.

–¿Cuál ha sido durante todos estos años el peor temor de los afectados?

–Los momentos más críticos se vivieron con la denuncia anónima contra un grupo de viviendas en una parcelación urbanística. En estos momentos, la LOUA consideraba estas infracciones como imprescriptibles. Es sin duda el mayor éxito de SOHA de haber conseguido la modificación de este absurdo a través de la Ley 6/2016 de modificación de la LOUA. Así, SOHA ha sido capaz de salvar alrededor de 30.000 viviendas en Andalucía. Los números les avanzo la propia Junta. Creo que nos merecíamos un mayor agradecimiento y reconocimiento por este trabajo. Nos queda un reto muy importante que afectará al ámbito nacional: la modificación del Decreto 716/2009 que deja fuera del mercado hipotecario todas las viviendas en Fuera de Ordenación.