Defendamos Nuestro Horizonte, la plataforma ciudadana en contra de la torre del puerto en el dique de Levante, cerró este miércoles la colecta que inició para interponer un contencioso administrativo contra el proyecto. La recaudación obtuvo 31.000 euros, más de lo que planteaban como óptimo (30.000 euros) para poder encarar el proceso judicial. 

En total han participado 598 cofinanciadores, que han permitido que la plataforma tenga el crédito que se marcaba, una vez ya interpuso el pasado 18 de abril, antes de que acabase el plazo para ello, un contencioso administrativo –el segundo, tras el primer movimiento jurídico de la Academia de Bellas Artes de San Telmo– que llevará a los tribunales la viabilidad del planeamiento que permite una torre de hasta 150 metros en terreno portuario. 

La misma, según afirman en un comunicado, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Con esta financiación contrataron al despacho cordobés Tecum Abogados, del que destacan su "experiencia exitosa y comprometida en procedimientos judiciales desarrollados en la ciudad de Málaga y su provincia".

Además, afirman contar con el apoyo y el asesoramiento de la asociación Espacios Comunes, en colaboración con las organizaciones malagueñas que lo apoyaron, sumándose al recurso: “Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga”, “Ecologistas en Acción-Málaga” y “Málaga Monumental”.

En un comunicado, la plataforma destaca "el amplio y variado perfil de todas las personas que se han implicado en la campaña", además de agradecer "las muestras de apoyo de la sociedad malagueña". Además, aseguran que su única pretensión es paralizar "judicialmente un despropósito urbanístico en un contexto de fragilidad y emergencia medioambientales". 

"Ir a los juzgados no es gratuito y necesitamos el dinero para iniciar este recurso", apuntó la coordinadora de la campaña de recaudación de fondos y profesora de la Universidad de Málaga, Isabel Ruiz Mora, durante la presentación de la campaña que añadía que este recurso supondría la "paralización del rascacielos".

El recurso, a pesar de que desde la plataforma no han querido concretar demasiado, sí han anunciado que las líneas principales versarán "en relación a la ley urbanística, de posible incumplimiento a la ley urbanística de Andalucía, de la ley de puertos, de la legislación ambiental y de la legislación sobre el patrimonio histórico, entre otras". 

Pese a no haber entrado demasiado en detalles, en la página de recaudación explican la base de este recurso: "El proyecto implica cambiar la normativa vigente, eliminando el actual uso público de la zona para hacer un desproporcionado hotel de lujo accesible a las rentas más altas en lugar de ser accesible a toda la ciudadanía. Se debe garantizar el uso público con interés general. El proceso de selección sin concurso público, la extrañamente simplificada tramitación y el desvirtuado control administrativo, no ofrecen garantías suficientes que demuestren el correcto cumplimiento de la ley, como ya hemos visto en otros casos en España (Algarrobico en Almería, Valdecañas, Gemelos de Benidorm o el Meliá Alicante).

Igualmente, un hotel de lujo no tiene garantizada la viabilidad económica, por lo que muy probablemente acabarían reconvirtiéndose en un uso residencial y no turístico, e implica el riesgo de un posterior rescate pagado con dinero público, como ya ha ocurrido con otros proyectos similares. Es de destacar, además, la opacidad y el desconocimiento de aquellos inversores que nos anuncian como promotores del proyecto, al parecer un fondo vinculado con Catar".

El subdelegado del Gobierno dice que si la situación "está judicializada no sería conveniente que se manifestase el Consejo de Ministros"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, sostuvo cuando presentaron el contencioso que "si la situación está judicializada no sería muy apropiado que el Consejo de Ministros se pronunciara al respecto" de la torre del puerto y, además, ha incidido en que "tiene que ser de utilidad pública". Además, ha dicho que "tendría que hacer reflexionar" la contestación social y las actuaciones por parte de la sociedad civil frente a este proyecto.

Salas, además, incidió sobre la utilidad pública y ha agregado que "estamos viendo que públicamente hay una contestación social muy importante en la provincia de Málaga contra la construcción de este rascacielos en el puerto, en ese lugar concretamente".

"Todo eso cuenta", aseguró, al tiempo que ha opinado que "las instituciones que lo están propiciando y propugnando también tendrían que reflexionar ante esa contestación social que hay y esas actuaciones por parte de la sociedad civil que están trabajando precisamente para que esto no llegue a término". "Todo esto tendría que hacer reflexionar", aseveró.