Una mala decisión que le cuesta un dineral a la presidenta de una comunidad de vecinos en Marbella

Una mala decisión le va a salir por un ojo de la cara a la presidenta de una comunidad de vecinos en Marbella. Y puede dar gracias porque la cuantía inicial era mucho mayor. Tendrá que pagarle 47.732,3 euros a sus vecinos por extralimitarse en las funciones de su cargo, ya que interpuso un recurso de apelación a una sentencia que ya le era favorable a la comunidad sin el consentimiento del resto de propietarios y aprovechando que la hermana de la acusada era abogada.

Así se recoge en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Marbella de septiembre de 2019 que ahora ha sido ratificada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga. Hace casi tres años, el juzgado marbellí ya estimó totalmente la demanda puesta por los comuneros contra la presidenta de su comunidad al entender que ésta "se extralimitó en el ejercicio de su cargo de presidenta de la comunidad de propietarios al suscribir hoja de encargo profesional con su hermana con un objeto mucho más amplio que el acuerdo aprobado por los comuneros en Junta de Propietarios celebrada el 25 de mayo de 2.007 en relación con las acciones legales a ejercitar y la demanda a interponer respecto de la problemática de la ocupación de las zonas comunes del sótano por la comunera Antigüedades Nicanor, S.L., pactando unas condiciones económicas gravosas para la comunidad, y al autorizar la interposición de recurso de apelación sin conocimiento ni aprobación previa de la Junta de Propietarios". El juzgado marbellí condenó a la presidenta a pagarle a sus vecinos 97.389,53 euros en concepto de daños y perjuicios.

La demandada recurrió y la Audiencia Provincial le ha vuelto a dar la razón a los vecinos, aunque ha rebajado el importe a 47.732 euros al estimar parcialmente el recurso puesto por la presidenta de vecinos. La Sala indica que "la familiaridad y el exceso de confianza existente entre hermanas no tiene nada que ver con las obligaciones contraídas con la comunidad".

Según apuntan fuentes judiciales, el presidente o la presidenta de una comunidad de vecinos no puede tomar las decisiones en solitario, sino que debe aplicar aquello que se apruebe en la junta de vecinos. En este caso, esa extralimitación de funciones le va a costar casi 50.000 euros a una presidenta y muchos años de juicio.