El Supremo ratifica 16 años de prisión para un profesor que abusaba de niñas de 8 y les daba las "respuestas de los exámenes"

Para doblegar la voluntad de una de las alumnas y “satisfacer sus deseos libidinosos”, le proporcionaba “regalos o le daba la respuesta de los exámenes”. A otra de las menores, “fingiendo que le hacía cosquillas”, la “sentaba en sus rodillas” y le realizaba “tocamientos”. Las cuatro víctimas, que entonces estudiaban en un colegio de Vélez-Málaga, tenían entre 8 y 12 años. El agresor sexual era su profesor, que superaba los 60. El Tribunal Supremo ha confirmado ahora la sentencia que lo condena a 16 años y cuatro meses de prisión por abusos sexuales continuados, según se desprende del fallo.

También se le prohíbe al docente acercarse a menos de 500 metros de las menores, a las que tendrá que indemnizar, y no podrá comunicarse con ellas durante 15 años. El magistrado le impone además una medida de libertad vigilada durante otros siete años. Y rechaza así el recurso presentado por su defensa y avala las condenas impuestas por la Audiencia de Málaga y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los abusos se prolongaron durante tres años, desde que las niñas cursaban tercero de primaria hasta sexto. Según los hechos declarados probados, el profesor, aprovechando su condición de maestro en un colegio de Educación Infantil y Primaria dependiente de la Junta de Andalucía, se ganó la confianza de las alumnas a lo largo de varios cursos y realizó tocamientos de carácter sexual.

El caso salió a la luz en noviembre de 2019, cuando una de las alumnas relató lo ocurrido a su familia. Varias madres alertaron a la directora del centro educativo sobre la actitud “excesivamente cariñosa” del maestro hacia las alumnas y su trato desigual hacia los niños.

Aunque la reunión fue informal y no se levantó acta, se dio traslado de las quejas al docente, que prometió corregir su comportamiento. Meses después, en 2019, las familias reiteraron sus preocupaciones en una nueva reunión, en la que se acordó vigilar las actitudes del profesor y comunicar la situación a la Inspección Educativa. Pese a ello, al inicio del curso siguiente no se adoptaron medidas ni se le retiró de su puesto, al considerarse que no había pruebas suficientes. La denuncia en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía dio lugar a la investigación judicial.

El Supremo avala la credibilidad de las víctimas. En su resolución, recuerda que la declaración de las menores constituye una prueba válida en los delitos de naturaleza sexual, dada la intimidad en la que suelen producirse los hechos y la dificultad de contar con testigos directos.

La sentencia confirma las penas impuestas por la Audiencia de Málaga: además de la prisión, mantiene la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio, remunerado o no, que implique contacto directo con menores. El profesor deberá también indemnizar a las víctimas con 45.000 euros, cantidad de la que responderá subsidiariamente la Junta de Andalucía, como empleador del condenado.