Los representantes de 20 de las principales promotoras inmobiliarias que están trabajando en Málaga se reunieron ayer y reclamaron a la Junta de Andalucía que incluya en la nueva ley urbanística que se está modificando que se permita a las empresas utilizar la declaración responsable como título habilitante para tener la licencia de primera ocupación, algo que, según explican, ya se está produciendo en otras comunidades autónomas como Cataluña, Murcia o Valenciana.

Cuando el promotor termina la obra del edificio el comprador de la vivienda no puede entrar directamente a vivir al inmueble que ha adquirido. Tienen que acudir previamente técnicos municipales para comprobar que todo se ha hecho de forma correcta y cómo se había estipulado en los planos. Si todo es favorable se concede la licencia de primera ocupación y el cliente final ya puede acceder a su vivienda. El problema, según detalla Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), es que "en la provincia de Málaga lo habitual es que los ayuntamientos tarden de cuatro meses en adelante para darte la licencia y hay incluso algunos municipios en los que hay que esperar casi un año". Los promotores no entienden tanto retraso pero, al margen de las posibles causas, piden ser ellos mismos los que presenten la documentación en el ayuntamiento en la que se responsabilizan de que todo está bien para obtener directamente la licencia de primera ocupación. Esa declaración responsable, que el ayuntamiento de Málaga ya ofrece desde hace años por ejemplo para la apertura de comercios, no significa que a posteriori no haya una revisión por parte del área de Urbanismo de cada ayuntamiento.

Aragón apunta que, desde que finaliza la obra hasta que se obtiene la licencia y entran los inquilinos, "los gastos de mantenimiento por tener una promoción abierta son muchos y, además, está la posibilidad de que el cliente acabe resolviendo el contrato si hay demora sobre la fecha de entrega inicialmente prevista, lo que aumentaría aún más los costes para el promotor". Normalmente la empresa hace una provisión de esos posibles gastos añadidos y se repercuten en el precio final del inmueble, aunque el temor a una tardanza excesiva en la entrega de las viviendas siempre está ahí. "Es un tema que nos preocupa porque ya hay problemas en los plazos y no queremos pensar qué habrá dentro de dos años cuando se acaben las viviendas nuevas que se están poniendo en marcha con la reactivación del sector", dice Aragón.

Si la Junta accediera a esta solicitud e incluyera la declaración responsable en la ley los municipios tendrían que incorporarlo posteriormente a sus ordenanzas municipales.