El cura de Vélez-Málaga acusado de sedar y agredir a cuatro mujeres seguirá dos años más en la cárcel

La Audiencia Provincial de Málaga ha prorrogado dos años más la prisión provisional para el sacerdote malagueño acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2017 y 2019.

El cura, Francisco J.C., natural de Vélez-Málaga, está en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 por presuntamente sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, unos hechos que grabó y que descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla.

El Tribunal ha acordado en una resolución judicial, a la que ha tenido acceso EFE, que se le prorroga por dos años más la situación de prisión provisional cuyo límite máximo de cumplimiento queda fijado para el 11 de septiembre de 2027.

Indicios de criminalidad

La Sala ha adoptado dicha medida al existir "indicios racionales de criminalidad contra el mismo por presunta comisión de delitos contra la libertad sexual y delitos contra la intimidad". La Audiencia de Málaga ha celebrado este mes una comparecencia para resolver sobre su prórroga de prisión al cumplirse los dos años de cárcel en preventiva. Durante dicho acto, tanto el fiscal como las acusaciones interesaron que continuara en la cárcel. La defensa solicitó la libertad del procesado.

En los fundamentos de derechos se indica que tanto la acusación pública como las particulares alegaron que no habían variado las circunstancias que llevaron a prisión al cura y destacaron la gravedad de los hechos.

El procedimiento ya está en trámite de calificación y el Tribunal entiende que en el presente caso se cumplen las exigencias legales y constitucionales para prorrogar la prisión provisional, "habida cuenta la penalidad de los delitos investigados y la proximidad de la celebración del juicio ya que la causa está finalizada en cuanto a la instrucción".

La ley establece la posibilidad de prorrogar la situación de prisión provisional hasta cuatro años en los supuestos de delitos que lleven aparejadas penas superiores a tres años de prisión.

En este caso, los magistrados destacan que se pretende garantizar el normal desarrollo del proceso penal, especialmente el asegurar la presencia del sacerdote en el juicio y evitar posibles obstrucciones a su normal desarrollo.

Riesgo de fuga

El Tribunal ha considerado que no son ajenos al riesgo de fuga, "datos objetivos como la gravedad del delito imputado y el estado de la tramitación de la causa". "Constatamos la existencia de su patente riesgo de elusión de la acción de la Justicia pese al arraigo social alegado por su defensa", han destacado los magistrados.

Tras la finalización de la instrucción y el auto de procesamiento, la causa ya está remitida y en trámite de calificación, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad

El Ministerio Público mantiene que el sacerdote presuntamente ha cometido cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad, "por lo que no es solo que exista un patente riesgo de fuga asociado a esa potencial elevada penalidad que podrían acarrear para el mismo esos delitos, sino que, además, su presencia física a resultas del procedimiento es necesaria", se mantiene en el auto.

Los magistrados argumentan que sin la presencia del sacerdote no podría tener lugar el juicio y las circunstancias alegadas de proximidad con sus familiares no quedan excluidas por la prórroga e insisten en que "la naturaleza, entidad y proyección de los hechos objetos de la investigación son sin duda motivos de pensar que pudiera eludir la acción de la justicia en caso de libertad".