El juez protegió la investigación de Malaya de la propia Policía

El juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, prohibió a los agentes del grupo tercero de blanqueo de capitales de la Udyco Costa del Sol hacer cualquier indagación sobre esta supuesta trama de corrupción política y urbanística de Marbella más allá de las cuatro paredes de su propia oficina. La orden les llegó a los tres inspectores de este equipo por escrito en 2007, cuando hacía ya año y medio que la investigación estaba abierta. El mandato judicial incluía utilizar las fuentes policiales internas o requerir cualquier dato a los mandos policiales.

Los inspectores que capitanearon la operación Malaya hasta que fueron trasladados poco después a una comisaría de distrito de Málaga precisaron que la orden del magistrado incluía la negativa a "pedir ninguna información dentro de la institución", en alusión al propio Cuerpo Nacional de Policía. Aunque los peritos no lo dijeron expresamente, del celo puesto por el juez en limitar el acceso a la investigación se deduce que ni podían hacer preguntas dentro ni rendir cuentas a sus superiores.

El juez Torres adoptó estas cautelas para extremar la confidencialidad de la investigación coincidiendo en el tiempo con la aparición en la causa del comisario retirado Florencio San Agapito. Su defensa puso en duda las indagaciones de la Policía para determinar el puesto que había ocupado este procesado porque, según dijo, nunca ejerció de comisario sino que entre 1980 y 1997 fue director de gabinete de la Secretaría de Estado de Interior. Es decir, que fue un alto cargo del Ministerio del Interior antes de dedicarse a la actividad privada primero en Tabacalera y después en Telefónica.

Los inspectores, que continuaron ayer declarando en calidad de testigos y peritos en este macrojuicio, precisaron que el juez les había "restringido el acceso a cualquier información fuera del grupo tercero", de ahí que tuvieran que recurrir a los técnicos de la Agencia Tributaria adscritos al equipo de investigación para determinar la actividad del sospechoso de acuerdo con los datos que figuraban en Hacienda. Hubiera sido más fácil levantar un teléfono y preguntar pero estaba vedado. En definitiva, el instructor no se fiaba de nadie dentro de la Policía y temía maniobras extrañas si se divulgaba algún dato interno de la investigación.

Los inspectores que conformaban el núcleo central del caso Malaya hasta julio de 2007 intervinieron tangencialmente en la operación Crucero Banús, un fleco que se juzga ahora en el caso Malaya y que analiza un negocio urbanístico para determinar si Juan Antonio Roca, el ex teniente de alcalde Pedro Román, San Agapito y el abogado Juan Hoffmann incurrieron en delitos fiscales y blanqueo de capitales.

Los peritos de la Policía explicaron que, con la documentación que tenían en sus manos, sólo abordaron una investigación parcial. Ni siquiera se había cerrado esta pieza cuando el jefe del grupo y su segundo tuvieron que abandonar el grupo de blanqueo y fueron trasladados a la comisaría de El Palo. En el ambiente que acompañó el traslado en aquellas fechas quedó un runrún de quejas por la falta de apoyo interno que habían tenido.