Las concentraciones del personal de la sanidad pública contra la orden del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que recorta derechos laborales continúan. Este jueves, la protesta se ha llevado a cabo ante el centro de salud Alameda-Perchel. Los profesionales han insistido en su "absoluto rechazo" a las medidas adoptadas por la Consejería de Salud que “quebrantan gravemente” sus derechos laborales, la normativa vigente y los acuerdos alcanzados, sobre todo en materia de contratación. La Junta ya dijo hace una semana que retiraría la orden y se publicaría un nuevo texto, pero las organizaciones sindicales han mantenido su calendario de movilizaciones porque consideran "insuficiente" el anuncio. 

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad -CCOO, Sindicato de Enfermería, Sindicato Médico, CSIF y UGT- exigen que la Administración sanitaria autonómica derogue la orden “unilateral” del 8 de noviembre. Comisiones Obreras recordó a través de una nota que entre “los derechos atropellados por la Administración”, destaca que "se autoriza a los gerentes de los centros a contratar personal saltándose la normativa de bolsa única de empleo vigente"; lo que supone la “contratación a dedo”.

CCOO recuerda además que esa polémica disposición también "quebranta" los derechos laborales del personal en formación sanitaria especializada del Servicio Andaluz de Salud (SAS), permite la suspensión de vacaciones, permisos y licencias, de las reducciones de jornada por motivos de conciliación u otros, de las exenciones de guardias por edad, así como de los descansos mínimos diario y semanal, “pudiéndose modificar discrecionalmente por las direcciones gerencias la jornada máxima y la duración de los turnos de trabajo".

"Especial gravedad tienen otras medidas, como la movilidad forzosa de tipo geográfico, es decir, a otros centros dentro de la localidad habitual de trabajo o situados en otras localidades, y la movilidad forzosa funcional, que supone el cambio obligatorio en el ejercicio de las funciones habituales, teniendo que desempeñar, sin ostentar la titulación habilitante, otras funciones diferentes, con el consiguiente riesgo para la salud de los pacientes, el estrés para quien es sometido a ese cambio de funciones y el riesgo jurídico de los profesionales ante previsibles demandas por mala praxis durante el ejercicio de funciones para las que no se tiene la titulación habilitante", concluye Comisiones en su comunicado.