El PSOE denuncia una “chapuza” del PP en la seguridad del edificio de Urbanismo de Málaga que llegó a tener un solo vigilante

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado este jueves la gestión del equipo de gobierno del PP tras la resolución del contrato con la empresa encargada de la seguridad del Edificio de Usos Múltiples, sede de la Gerencia de Urbanismo, que llegó a operar con un solo vigilante, lo que provocó el cierre anticipado del inmueble y la limitación del horario de atención al público.

Así lo ha señalado el portavoz del PSOE en el Consistorio, Daniel Pérez, quien ha calificado la situación como una “grave y reiterada mala gestión” y ha denunciado la falta de control del PP sobre los servicios públicos municipales. Según ha indicado, el edificio estuvo semanas sin las garantías mínimas de seguridad, con incumplimientos de turnos, incluido el nocturno, que obligaron a cerrar antes de hora y a que la Policía Local asumiera funciones que no le corresponden.

Pérez ha subrayado que los incumplimientos estaban documentados desde el 21 de diciembre y ha reprochado al Ayuntamiento haber reaccionado “tarde y mal”. Asimismo, ha puesto el foco en las consecuencias para los trabajadores municipales y para los vigilantes de la empresa adjudicataria, al considerar que esta situación evidencia precariedad laboral y posibles vulneraciones del convenio colectivo del sector.

Desde el colectivo de trabajadores, que mantuvo una reunión este jueves con el grupo socialista, se ha alertado de una “grave situación laboral” y de seguridad tras la adjudicación del contrato a la empresa Dabo Seguridad. El presidente de la asociación Marea Negra, José Antonio Sánchez Molina, ha explicado que de una plantilla inicial de siete vigilantes, cinco se encuentran de baja por ansiedad, una trabajadora está de vacaciones y solo una persona cubre actualmente el servicio, lo que impide garantizar la seguridad del edificio.

Sánchez también ha denunciado retrasos reiterados en el pago de salarios, con abonos fuera de plazo desde septiembre y el impago del mes de diciembre, circunstancias que, según ha indicado, ya fueron comunicadas a la Inspección de Trabajo y al propio Ayuntamiento. A su juicio, esta situación afecta tanto a los trabajadores como a la ciudadanía, ya que dificulta el funcionamiento normal del edificio y la atención a los usuarios.

El portavoz socialista ha reclamado al equipo de gobierno municipal que asuma responsabilidades políticas y garantice que los nuevos contratos se adjudiquen con criterios de calidad, control y respeto a los derechos laborales, además de adoptar medidas para evitar que situaciones similares se repitan.